La Embajada de Estados Unidos en Managua emitió este sábado 9 de agosto una inusual advertencia a sus ciudadanos y empresas para que eviten realizar inversiones en las zonas fronterizas de Nicaragua, tras la aprobación de una ley que otorga al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el control total de un corredor de 15 kilómetros adyacente a cada límite terrestre del país.
La alerta se difundió a través de la cuenta oficial en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en la que el gobierno estadounidense denunció la “confiscación masiva” de más de 18 mil kilómetros cuadrados de tierras. Según el comunicado, la medida “devasta decenas de comunidades y pone en riesgo las vidas y el sustento de miles de personas”.
“Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado”, subrayó el mensaje, que reitera la preocupación de Washington por la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada en el país centroamericano.
La confiscación masiva por parte del régimen Murillo-Ortega de las tierras dentro de los 15 kilómetros adyacentes a las fronteras nicaragüenses devasta decenas de comunidades y pone en riesgo las vidas y sustento de miles de personas. Cualquier estadounidense que esté pensando en… https://t.co/nLSUGi7pF9
— USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) August 9, 2025
La “Ley de Territorio Fronterizo”
La advertencia llega apenas días después de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobara la llamada Ley de Seguridad Soberana en el Territorio Fronterizo, que declara “propiedad del Estado” todas las tierras, aguas, bienes y recursos naturales dentro de los 15 kilómetros colindantes con las fronteras de Honduras y Costa Rica.
Organizaciones opositoras y de derechos humanos han calificado la medida como una de las confiscaciones territoriales más grandes en la historia reciente de Nicaragua. La exguerrillera y exministra de Salud, Dora María Téllez, denunció que la ley “arrasará comunidades enteras” en Waspam y en las márgenes del río Coco, así como en Jalapa, Somoto, Dipilto y otras zonas campesinas y costeras del sur como Ostional y San Juan del Sur.
Impacto social y económico
La medida afecta no solo a propiedades privadas de productores agrícolas, ganaderos y pequeños empresarios, sino también a territorios indígenas y áreas protegidas. Defensores de derechos humanos advierten que podría provocar un desplazamiento masivo de familias y un aumento de la pobreza en comunidades fronterizas.
Washington ya había incluido a varios jueces, militares y funcionarios del régimen Ortega-Murillo en su lista de sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Ahora, la advertencia a inversionistas marca un nuevo frente de presión económica y diplomática contra Managua.
La confiscación, según analistas, también genera un clima de incertidumbre que podría ahuyentar no solo a empresarios estadounidenses, sino también a potenciales socios comerciales de otros países, profundizando el aislamiento financiero del país.
