La corrupción gubernamental se ha enraizado en Nicaragua al grado que dos de cada tres ciudadanos admiten haber sido obligados a hacer pagos irregulares a funcionarios y un 97% asegura que los pagos irregulares aumentaron desde el año anterior.
Así lo refleja el estudio “El costo de la corrupción en Nicaragua! Un estudio sobre soborno”, realizado por la Organización No Gubernamental Urnas Abiertas entre el 18 de junio y el 18 de julio del 2024, con una muestra de 1,103 personas en 17 departamentos y 148 municipios.
“Del universo muestral total, compuesto por 1,103 registros, 622 contestaron que realizaron un trámite en una institución pública durante el primer semestre. De esta cantidad, el 58% (364 registros) respondió haber realizado un pago irregular en un trámite, esto es, el nivel de corrupción general. Cada dos trámites realizados, por lo menos uno de ellos representa para la población nicaragüense un pago irregular, ya sea soborno o extorsión”, explica el estudio revelado este mes.
Un 45% de los pagos irregulares fueron bajo solicitud o recomendación del funcionario público. Esto significa que casi un trámite de por medio exige un pago irregular a solicitud de un funcionario. Además, el 33% de los registros indica que el pago irregular sucede por la necesidad de agilizar un trámite, mientras que el 23% de los registros señalan que es por obligación impuesta por el funcionario o autoridad.
Sobornos en aumento
El estudio revela que el 97% de las personas entrevistadas señalan que los pagos irregulares aumentaron con respecto al año anterior y el 78.3% responde que considera que los pagos irregulares serán mayores para los próximos 12 meses. Dicho aumento de los pagos irregulares y la percepción de su agravamiento en el futuro cercano influye en el dato de que el 69.7% de las personas que realizan trámites con instituciones públicas se sienta menos seguras frente a las imposiciones futuras de pagos irregulares.
Los departamentos con las cifras más altas de pagos irregulares son Rivas, Matagalpa, Masaya, Estelí y Chinandega.
El estudio revela que las instituciones que, sistemáticamente, están presentes en mayor cantidad de registros por denuncias de pagos irregulares y extorsión. Estas son: las Alcaldías, 12%; la Policía, 9%; la DGI (Dirección General de Ingresos), 4%; el CSE (Consejo Supremo Electoral), 3%; y el MAG (Ministerio de Agricultura y Gnaadería), 3%.
“Los resultados obtenidos en el estudio subrayan un patrón claro: las personas que operan pequeños y medianos negocios, así como aquellas que ofrecen servicios profesionales, son las más vulnerables a ser víctimas de sobornos”, explica el estudio.
Según Urnas Abiertas, cuanto más dependiente sea una persona de los servicios estatales para su sustento diario, más expuesta estará a estas prácticas corruptas.
Urnas Abiertas advierte que en el entramado de la corrupción y autoritarismo en Nicaragua – que transgrede los derechos humanos básicos de la ciudadanía – los trámites con el Estado nicaragüense representan una forma de aprovecharse de la necesidad de la población.
