El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, Jorge Torres, admitió este jueves ante diputados que el organismo no tiene capacidad para procesar denuncias de amenazas planteadas por personas exiliadas en el país.
Lo anterior, es pese a que se trata de una población creciente en el contexto de la crisis política nicaragüense.
Torres compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que investiga el asesinato del activista y militar retirado nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio en su casa en Moravia, al este de San José.
El crimen, aún bajo investigación judicial, ha encendido alarmas sobre la seguridad de miles de opositores al régimen de Daniel Ortega que se encuentran refugiados en territorio costarricense.
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Inteligencia de manos atada
El jerarca de la DIS explicó que, aunque la institución recibe información a través de su departamento de Contrainteligencia, esta no se traduce en un procedimiento formal para atender denuncias de amenazas.
Según dijo, cuando algún exiliado manifiesta sentirse en riesgo, el organismo traslada la información al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en cumplimiento de la ley.
“Nosotros no recibimos denuncia en primera instancia (…). Cuando recibimos información de que podría estar una persona en riesgo inmediatamente lo que hacemos es ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, en este caso el OIJ”, afirmó Torres.
También señaló que a quienes acuden a la DIS se les recomienda buscar apoyo en la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos del Poder Judicial, aunque reconoció no saber si Samcam recurrió a esa vía.
La diputada independiente Cynthia Córdoba cuestionó la ausencia de protocolos claros para proteger a refugiados y recordó que impulsa un proyecto de ley para cerrar la DIS, argumentando que su existencia carece de justificación operativa.
Operaciones de “inteligencia” sandinista
El legislador Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio, interrogó a Torres sobre posibles intercambios de información con sus homólogos nicaragüenses y sobre la presunta existencia de un grupo de inteligencia que operaría desde la Embajada de Nicaragua en San José para vigilar opositores.
El director respondió que los contactos oficiales con Managua son mínimos y se limitan a asuntos fronterizos, asegurando que “la comunicación ha desmejorado en el último quinquenio”.
Añadió que nunca ha recibido información sobre operaciones clandestinas de inteligencia nicaragüense en Costa Rica.
“A nivel de institucionalidad como DIS nunca hemos tenido ningún inconveniente con ellos de ese nivel (…). Claro, es parte de la labor nuestra estar expectantes que no haya injerencia extranjera”, subrayó.
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Crimen impune
El caso de Samcam se enmarca en un momento en que organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos extranjeros han denunciado el hostigamiento contra opositores nicaragüenses, dentro y fuera de su país.
Costa Rica, que desde 2018 recibió a decenas de miles de refugiados, enfrenta el desafío de garantizar su seguridad en medio de un incremento de tensiones diplomáticas con Managua.
Los diputados acordaron llamar nuevamente a Torres y al jefe del departamento de Contrainteligencia, Edgar Arias, para profundizar en la investigación legislativa, mientras el Ministerio Público sigue con las indagaciones sobre el asesinato de Samcam, considerado por sus allegados un crimen político de alcance transnacional.
