En lo que críticos califican como “la mayor confiscación en un solo día en la historia de Nicaragua”, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha oficializado, a través de la nueva Ley de Territorio Fronterizo, la apropiación forzosa de todas las tierras ubicadas a lo largo de 15 kilómetros hacia el interior del país desde cada frontera terrestre.
La norma deroga la legislación anterior de 2010, que únicamente establecía vigilancia militar y policial en esas zonas, y ahora transforma vastas extensiones de tierras privadas, indígenas, productivas y turísticas en propiedad del Estado.
La excomandante guerrillera Dora María Téllez, hoy disidente del régimen, denunció que con esta ley la dictadura “confisca Waspam y todos los pueblos en las márgenes del río Coco, incluyendo tierras indígenas. Confiscan Jalapa, Somoto, Dipilto, San Fernando y Santa Clara”.
Agregó que en el sur, la expropiación abarca “El Coco, Ostional, Sapoá, Cárdenas, San Carlos, El Castillo, Sábalos, San Juan de Nicaragua y comunidades en la reserva Indio Maíz”.
Confiscación colosal
El alcance del despojo es colosal. De acuerdo con el economista y excandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro:
“El robo de hoy que pasa al Estado unos 18 mil kilómetros cuadrados (aproximadamente 1,230 kms de fronteras por 15 de ancho) constituye la mayor confiscación en un solo día en la historia de Nicaragua. Tendrá efectos devastadores en los derechos de propiedad y las inversiones”.
Chamorro alertó que esta medida deja sin valor las garantías jurídicas para la inversión privada y sienta un precedente de inseguridad legal que golpeará tanto a productores nacionales como a inversionistas extranjeros.
A lo largo de los 1,230 kilómetros de fronteras terrestres que tiene Nicaragua, esta franja de 15 kilómetros representa cerca del 15% del territorio nacional.
Fincas ganaderas, cafetaleras, proyectos turísticos, reservas naturales, propiedades familiares y hasta empresas con capital internacional quedan bajo dominio del Estado, que en la práctica opera como patrimonio de la familia Ortega-Murillo.
Capitales en pánico… y en fuga
Según un empresario del sector energético en la zona sur, que pidió anonimato, “la incertidumbre jurídica es tan grave que varios inversionistas extranjeros ya evaluamos retirar capital y operaciones del país”.
La reacción en el exilio no se hizo esperar. La organización Conexión Nica-USA denunció que la aprobación de la ley “representa una amenaza a las comunidades limítrofes con implicaciones socio-políticas profundas, ya que convierte 15 km de la frontera para adentro en una zona militarizada. Esto no es soberanía, es represión disfrazada de seguridad. ¡Las comunidades locales merecen vivir sin miedo! Denunciemos este abuso”.
Para esta organización, el texto legal no solo expropia territorios, sino que también militariza la vida cotidiana de miles de personas, consolidando un control absoluto sobre poblaciones históricamente vulnerables.
Bajo la legislación anterior, si bien existía una franja de seguridad fronteriza, se respetaban las garantías de propiedad privada, protección ambiental e inversión.
La nueva ley no distingue entre tierras comunales, reservas indígenas o propiedades privadas: todas pasan a ser propiedad estatal sin proceso judicial ni compensación.
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La confiscación como arma represiva
El jefe de bancada del FSLN en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, intentó minimizar el impacto asegurando que “los habitantes de esas zonas no deben preocuparse y pueden continuar sus vidas normales”.
Sin embargo, los antecedentes del régimen desmienten esa promesa. Desde 2018, el aparato estatal ha ejecutado confiscaciones masivas contra universidades, medios de comunicación, empresas privadas, propiedades eclesiásticas, ONG y residencias particulares.
“La dictadura ha hecho de la confiscación una herramienta de represión política y un mecanismo de acumulación de capital para la familia gobernante”, resume un analista legal bajo condición de anonimato.
“Todo el poder judicial, el registro de la propiedad, la policía, la procuraduría y la fiscalía actúan como engranajes de una maquinaria confiscatoria sin precedentes”.
Negocios, crímenes y represión sandinista
En el plano internacional, la ley ha encendido alarmas. Fuentes diplomáticas en Managua señalan que “la percepción de inseguridad jurídica se ha multiplicado” y que embajadas europeas están recabando información para advertir a sus ciudadanos e inversionistas sobre los riesgos de operar en zonas fronterizas nicaragüenses.
Aunque los operadores del régimen defienda la ley como un acto de soberanía, críticos insisten en que su verdadero objetivo es expandir el control económico y territorial de la dictadura. Como concluyó Téllez: “No es una medida de soberanía, es un saqueo legalizado”.
Sectores críticos y analistas consideran que, aparte de la confiscación de propiedades y bienes de valor, la dictadura busca fortalecer sus negocios de minería, forestales y crimen organizado en complicidad con empresarios chinos y rusos que operan esos sectores y rubros económicos.
Y además señalan que buscan el control de las rutas de escape y exilio de miles de nicaragüenses que se han fugado de la persecución implacable de militares y policías bajo servidumbre del régimen familia Ortega y Murillo, acusado por Naciones Unidas y Unión Europea de crímenes de lesa humanidad.
