La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido la represión migratoria en un mecanismo de control político y de lucro económico, al impedir el reingreso a Nicaragua de ciudadanos que regresan de viajes familiares o laborales y condicionar su retorno al pago de cuantiosas sumas de dinero.
Así lo revela una investigación del diario nicaragüense La Prensa, que cita testimonios y documentos relacionados con esta práctica creciente ejecutada desde el Ministerio del Interior.
Según el reporte, la oficina del viceministro del Interior, Luis Cañas Novoa, es la responsable de bloquear el ingreso a personas nicaragüenses —en su mayoría empresarios, profesionales y ciudadanos sin historial político— a menos que paguen “tarifas” que varían según su nivel económico.
En algunos casos, se exige también una carta pidiendo perdón a la co dictadora Murillo por supuestas ofensas verbales, comentarios en redes o incluso haber asistido a manifestaciones.
“Además del dinero, tienen que mandar una carta pidiéndole perdón a la compañera”, declaró una de las fuentes anónimas citadas por La Prensa. Otra fuente confirmó haber pagado “decenas de miles de dólares” para recuperar el derecho a ingresar al país.
La práctica se ha extendido incluso a ciudadanos sin mayores recursos, quienes deben pagar sumas de entre dos mil y cinco mil dólares para evitar quedar excluidos indefinidamente del territorio nacional.
La represión migratoria, que inicialmente afectó a opositores, periodistas y activistas, ahora se extiende a cualquier persona con capacidad económica que haya salido del país.
“Si estás dejando fuera cada mes a unas 200 personas a las que les quitás $2,000 mil o $3,000, es al menos medio millón de dólares al mes. Nadie habla porque ahí sí vas preso, te confiscan o te destierran sin posibilidad de regresar”, afirmó una de las fuentes al medio nicaragüense.
El control sobre los viajeros inicia mucho antes del arribo a Nicaragua. Según informes de organismos internacionales, el régimen utiliza listas de pasajeros proporcionadas por aerolíneas y empresas de transporte terrestre, las cruza con bases de datos internas y emite órdenes de prohibición sin mediar resolución judicial alguna.
En muchos casos, las personas se enteran en el aeropuerto o frontera de que tienen impedimento de ingreso y son deportadas de inmediato.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció en 2023 este patrón sistemático de exclusión, que afecta a ciudadanos considerados “amenazas” por el régimen, incluso sin prueba alguna.
Desde 2021 hasta marzo de 2023, al menos 259 personas fueron expulsadas o impedidas de ingresar, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, dada la autocensura de las víctimas por temor a represalias.
Cañas, mano derecha de Murillo en los abusos del Ministerio del Interior, ha sido señalado en múltiples ocasiones por dirigir estas acciones. Bajo su coordinación, las instituciones migratorias, policiales, de telecomunicaciones y del Frente Sandinista operan en conjunto para ejecutar estas decisiones, sin transparencia ni mecanismos de apelación.
Este patrón de represión, que inicialmente se centró en figuras visibles del activismo y el periodismo independiente, ha evolucionado hacia un modelo de extorsión estatal de carácter económico, que convierte el derecho al retorno en una mercancía.
A juicio de analistas y defensores de derechos humanos, el régimen Ortega-Murillo continúa degradando las instituciones públicas para sostener su permanencia en el poder y someter por miedo o empobrecimiento a la diáspora nicaragüense.
