La Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua, actualmente subordinada a la estructura de co-presidencia que encabezan los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió este 30 de julio una nota de prensa oficial en la que justifica las razones para apresar al exasesor presidencial Bayardo Arce Castaño.
La PGR, brazo confiscador de la dictadura, acusa al exasesor presidencial y comandante sandinista de supuestas irregularidades en la gestión de bienes vinculados a transacciones patrimoniales “de manera ilegal”.
La PGR, que durante años fungió como representante legal del Estado, fue transformada bajo la administración Ortega-Murillo en un órgano de confiscación, extorsión patrimonial y blanqueo de propiedades incautadas a empresarios, opositores políticos, productores rurales, ONG y hasta a la Iglesia católica, mediante procedimientos extrajudiciales y sin debido proceso.
El actual rostro de esta entidad es Wendy Carolina Morales Urbina, operadora política de confianza de Rosario Murillo, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2022.
Ella está señalada de corrupción, lavado de dinero y complicidad en el saqueo institucional de propiedades pertenecientes a víctimas de persecución política y religiosa.
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Señalamientos contra Arce y su asistente
La nota oficial de la PGR, firmada el 30 de julio, informa que conoció de transacciones “no conformes al marco legal” realizadas por las oficinas del señor Bayardo Arce y su asistente Ricardo Bonilla.
Este último fue detenido y trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, donde se encuentra siendo interrogado, por negarse a colaborar con la dictadura.
Bayardo Arce, un viejo aliado de Ortega y figura histórica del Frente Sandinista, había sido citado en varias ocasiones para responder ante la Procuraduría por bienes que, según el documento, serían de interés estatal.
De acuerdo con la nota, Arce se habría negado a colaborar, argumentando que los bienes en cuestión eran de su propiedad y no debía responder ante la PGR.
La institución lo acusa ahora de desacatar órdenes y de ignorar la autoridad constitucional del Estado.
Una persecución política disfrazada de legalidad
La ofensiva contra Arce ocurre en un contexto de creciente fractura interna dentro de las filas del sandinismo, marcado por purgas, detenciones y confiscaciones incluso contra figuras históricas que en el pasado sirvieron al régimen.
El aparato de la PGR ha sido clave en esta estrategia.
Desde 2018, ha encabezado la incautación de universidades, medios de comunicación, asociaciones civiles, templos religiosos y bienes personales, todos transferidos sin transparencia al dominio del Estado o entregados a testaferros del círculo presidencial.
El caso más reciente que provocó indignación internacional fue la confiscación de propiedades de la Iglesia católica, incluyendo colegios y centros de salud, lo que le valió a Wendy Morales sanciones internacionales como responsable directa de estas acciones.
Función confiscatoria al servicio de la dictadura
Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que la Procuraduría General es en una oficina de saqueo institucional, para legalizar el despojo a los adversarios políticos de Ortega y Murillo.
Ambos dictadores están actualmente señalados por la ONU y por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) como autores de crímenes de lesa humanidad, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y exilio forzado.
La nueva embestida contra Bayardo Arce es interpretada por analistas como una señal del creciente estado de paranoia en el círculo presidencial, que ve traición incluso entre sus antiguos colaboradores.
La nota de la PGR concluye recordando que el incumplimiento de las obligaciones constitucionales constituye un “delito grave”, una advertencia que, en el actual contexto nicaragüense, equivale a una amenaza de represión y prisión.
