La dictadura de Nicaragua está entre los 55 gobiernos del mundo que restringen la libertad de movimiento de las personas que consideran amenazas, incluidos los periodistas, según un informe de Freedom House publicado el jueves.
Según el informe, los gobiernos controlan la libertad de circulación a través de prohibiciones de viaje, revocando la ciudadanía, el control de documentos y la denegación de los servicios consulares, señala el informe. Todas las tácticas están diseñadas para coartar y castigar a los críticos del gobierno, según Jessica White, coautora del informe con sede en Londres.
“Este es un tipo de táctica que realmente muestra la naturaleza vengativa y punitiva de algunos países”, dijo White. Esta forma de represión “es un intento de sofocar realmente la capacidad de la gente para hablar libremente desde donde quiera que estén”.
Bielorrusia, China, India, Nicaragua, Rusia, Ruanda y Arabia Saudita se encuentran entre los países que participan en esta forma de represión, se informó el informe. Freedom House basó sus hallazgos en parte en entrevistas con más de 30 personas afectadas por los controles de movilidad.
Freedom House entrevistó a 31 personas afectadas, incluidos disidentes, periodistas, activistas de derechos humanos y expresos políticos de cinco países: Bielorrusia, India, Nicaragua, Ruanda y Arabia Saudita.
Los entrevistados describieron una amplia gama de tácticas, las formas arbitrarias en que se aplican y cómo interrumpen sus vidas y afectan a sus familias. Las consecuencias de estas restricciones fueron devastadoras, lo que llevó a la pérdida del estatus legal, la incapacidad de viajar libremente, la separación de la familia y el daño al bienestar emocional.
El caso de Nicaragua
El informe de Freedom House cita cómo en febrero de 2023, la dictadura de Daniel Ortega dio el dramático paso de despojar a la nacionalidad de 222 presos políticos retenidos en las cárceles de Nicaragua poco después de deportarlos a los Estados Unidos.
Los funcionarios obligaron a cada prisionero político a firmar un formulario que consintiera su deportación, sin embargo, como explicó Juan Lorenzo Holmann, uno de los prisioneros: “Es como un arma en la cabeza, o firmas, o te quedas aquí y vuelves a la cárcel”.
Otros 94 nicaragüenses, en su mayoría viviendo en el exilio, perdieron de manera similar su ciudadanía y sus activos.
Félix Maradiaga, un activista político y defensor de los derechos humanos, fue uno de los despojados de su ciudadanía nicaragüense y deportados en 2023. (Maradiaga es ahora miembro de la junta directiva de Freedom House). Su pasaporte ya había sido confiscado y cancelado a principios de 2020 sin explicación. Durante su detención arbitraria, que comenzó en 2021, fue interrogado por agentes de seguridad casi todos los días bajo importantes restricciones físicas. Según Maradiaga, los interrogadores querían que admitiera que era “un colaborador de una potencia extranjera” y le dijeron que “no sería tratado como un nicaragüense, sino como un agente extranjero”. Finalmente se enteró de su deportación en la pista.
En Nicaragua, las prohibiciones de viajar se extienden a una amplia red de familiares de opositores exiliados o encarcelados que no pueden comprar billetes de avión o autobús para cruzar dentro o fuera del país, ya que el gobierno comparte detalles con las empresas de transporte nicaragüenses y espera que se respeten las órdenes.
“Todas estas empresas tienen una enorme base de datos de personas a las que no se les permite volver [a Nicaragua]”, denunció Maradiaga.
Freedom House revela que los nicaragüenses desnacionalizados fueron borrados del registro civil y, por lo tanto, se les negó efectivamente cualquier interacción con el estado. Los entrevistados afectados también señalaron el impacto en los familiares inmediatos y su capacidad para acceder a los documentos de identificación legal.
Como lo experimentó de primera mano Carlos Fernando Chamorro, el fundador del sitio web de noticias Confidencial en Nicaragua, “No tengo una identidad válida en Nicaragua y mis hijos no tienen padre ni madre porque su padre y su madre no existen”. Añadió: “nos han confiscado toda nuestra propiedad, nuestra casa, todos nuestros activos, nuestras pensiones de jubilación”.
En la diáspora nicaragüense, del mismo modo, los controles de movilidad tienen un impacto generalizado.
“Lo que hemos visto es un nivel sin precedentes, un nivel impactante de miedo en el extranjero”, dijo Maradiaga.
La abogada defensora de los derechos humanos, Alexandra Salazar Rosales, estuvo de acuerdo: “Hay muchas personas que han sido muy francas, pero ahora reducen sus acciones porque tienen a su familia dentro, porque no quieren seguir enfrentándose a confiscaciones [de activos]… ya han perdido lo suficiente”.
