El régimen nicaragüense ha anunciado la cancelación de la personería jurídica de una universidad y la anulación de otras 8 organizaciones civiles, confiscando sus bienes en un acto que refuerza la ola de represión contra la sociedad civil en el país.
El Ministerio del Interior de Nicaragua emitió la orden de cancelación para nueve organismos, la mayoría asociaciones evangélicas, acusadas de incumplir sus obligaciones y obstaculizar el control gubernamental.
Entre las entidades clausuradas se encuentra la Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero (UNACAD), que solicitó voluntariamente su disolución debido a dificultades financieras y de gestión.
Este hecho refleja un panorama de represión continua contra la sociedad civil y las instituciones educativas en el país.
Con esta ya suman 32 universidades canceladas y confiscada por la dictadura de la familia Ortega-Murillo desde 2020.
Según el Acuerdo Ministerial No. 11-2024-OSFL publicado en la Gaceta, las organizaciones afectadas incluyen a la Asociación Cámara Forestal de Nicaragua (C.F.N.), la Asociación de Industriales Exportadores de Nicaragua (ANIEX), entre otras entidades de diversa índole.
La justificación del Ministerio se fundamenta en el supuesto incumplimiento de obligaciones legales, como la presentación de estados financieros durante períodos que van desde dos hasta 26 años, lo que habría dificultado la supervisión estatal.
Los bienes de estas organizaciones pasarán al Estado de Nicaragua, según lo establecido por ley del régimen.
El cierre de estas organizaciones se suma a una larga lista de ONG y entidades civiles disueltas desde el inicio de las protestas en abril de 2018, alcanzando un total de más de 3.560.
Los sandinistas, en el poder desde 2007, han justificado estas acciones como parte de un proceso de “ordenamiento”, acusando a algunas de estas organizaciones de financiar intentos de derrocamiento del gobierno durante las manifestaciones de 2018.
Nicaragua vive una profunda crisis política y social desde 2018, exacerbada por las cuestionadas elecciones generales de noviembre de 2021, donde Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato en un ambiente marcado por la represión y la falta de garantías democráticas.
La comunidad internacional ha condenado enérgicamente estas medidas represivas, instando al gobierno nicaragüense a respetar los derechos humanos y restaurar la democracia en el país centroamericano.
