Un informe titulado “Acciones de reparación y justicia para las universidades y las comunidades universitarias”, arroja luz sobre las violaciones a los derechos humanos y la autonomía universitaria perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
La situación, que afecta a 27 universidades nacionales, incluida la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA), confiscada a los jesuitas en agosto pasado, ha alcanzado niveles alarmantes, con el informe proponiendo medidas clave para abordar esta problemática.
El documento, autoría del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos y la Red Internacional de Derechos Humanos, aborda la disolución de universidades nicaragüenses y las violaciones de derechos humanos de su comunidad, así como medidas de reparación y justicia.
¡PODÉS DESCARGAR EL INFORME!
El reporte aborda las leyes represivas, actos ilegales y dolosos de las autoridades, la responsabilidad penal y la maquinaria para cancelar y confiscar a 30 universidades.Descargalo aquí: https://t.co/RALxbPaHZz pic.twitter.com/pm4XCKFRWb
— Calidh (@Calidhorg) November 27, 2023
Las organizaciones sugieren la derogación de la Ley 89 y su reforma, la Ley 1114, Ley de Reforma al Consejo Nacional de Universidades, convertido bajo la dictadura en un ente ejecutor de medidas violatorias a la Autonomía Universitaria y violatoria de los derechos humanos de docentes, estudiantes y familias.
Estas leyes han sido criticadas por restringir severamente la autonomía de las instituciones educativas superiores en Nicaragua y someter a las universidades a criterios represivos por razones políticas.
El objetivo, según las organizaciones de derechos humanos, es establecer garantías para que las universidades operen bajo los principios de la Constitución y las leyes nacionales y permitan a las familias y estudiantes elegir conforme a criterio académico y no sometidos a imposiciones arbitrarias y humillantes como en la actualidad, donde a los estudiantes se les obliga a optar por universidades bajo control absoluto de las dictaduras.
Una de las más preocupantes acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2023 ha sido la cancelación de la personalidad jurídica de 14 organizaciones civiles, incluyendo 27 universidades privadas independientes.
Además, se han documentado casos de borrado de expedientes académicos de estudiantes, despidos de docentes con criterio libre, y arrestos y persecuciones a estudiantes críticos.
El informe también propone medidas para disolver organizaciones que han contribuido a la erosión de la autonomía universitaria, como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, brazo armado de la dictadura en las universidades, y pide el cese de las autoridades superiores oficialistas de todas las universidades públicas involucradas en la represión.
Además, se sugieren acciones para el restablecimiento de la libertad de asociación, incluyendo el retorno seguro de estudiantes en el exilio y la protección jurídica de las organizaciones estudiantiles creadas desde el 18 de abril de 2018.
La situación actual de las universidades nicaragüenses es un claro reflejo de la compleja relación entre el régimen y el sector educativo, con la dictadura de Ortega y Murillo llevando a cabo una serie de acciones que han significado el destierro y el despojo de la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses, incluyendo a cientos de periodistas.
El informe subraya la importancia de abordar estas violaciones de derechos humanos y restaurar la autonomía universitaria en Nicaragua.
Propone un enfoque integral que incluye la derogación de legislaciones restrictivas y la implementación de medidas que garanticen la libertad académica y el respeto a los derechos humanos.
