La Asamblea Legislativa de Costa Rica se prepara para una votación inédita: decidir si levanta la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para que enfrente un proceso penal por el delito de concusión.
Sin embargo, el panorama político apunta a que los 38 votos requeridos para quitarle el fuero al mandatario difícilmente se consigan el próximo lunes 22 de septiembre.
La Asamblea Legislativa, de 57 diputados, celebrará una sesión especial en la que se escucharán los alegatos y luego se procederá a la votación.
Un proceso sin precedentes
Se trata de un escenario sin antecedentes en la historia reciente de Costa Rica, en el que el jefe de Estado, elegido en 2022 y con mandato hasta 2026, se enfrenta a una acusación penal mientras mantiene niveles de popularidad altos.
La Fiscalía señala a Chaves, de 64 años, de haber forzado a una empresa de comunicación contratada por la Presidencia a entregar 32.000 dólares a un amigo y exasesor de imagen, Federico Cruz.
Los recursos provenían de un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) bajo un procedimiento calificado de “aparentemente indebido”. Por este mismo caso también se solicita levantar la inmunidad al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.
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Fracturas políticas y ausencias clave
Aunque la oposición domina en número, la exigencia de una mayoría calificada de dos tercios —38 votos— convierte la decisión en cuesta arriba.
Según la prensa local, al menos nueve diputados anunciaron su ausencia el día de la votación y varios legisladores han dicho que no apoyarán el desafuero para “evitar una crisis política”.
Con este escenario, se calculan 33 votos seguros a favor y un bloque de indecisos o abiertamente en contra que impediría alcanzar el umbral requerido.
Diputaciones de distintas bancadas también denunciaron presiones telefónicas desde Casa Presidencial, algunas en tono amenazante, para que modificaran su postura.
La estrategia del presidente
Chaves rechaza los señalamientos y asegura que el proceso responde a un “golpe de Estado judicial” impulsado por lo que él denomina la “casta putrefacta” de los otros poderes del Estado.
El mandatario ya adelantó que no comparecerá ante el Congreso y ha intensificado su discurso confrontativo, lo que, según analistas, podría fortalecer su narrativa de líder en lucha contra los privilegios.
Con nueve votos oficialistas en contra y apoyos parciales de partidos conservadores, las posibilidades de desafuero parecen limitadas.
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Justicia espera a Chaves en 2026
“Dudo mucho que lleguen a 38 votos”, dijo el politólogo Gustavo Machado, quien añadió que, incluso en un eventual desafuero, Chaves podría salir fortalecido políticamente al victimizarse como perseguido político.
Expertos constitucionalistas explican que perder la inmunidad no implica suspensión del cargo, sino que habilita a la Fiscalía a procesarlo como a cualquier ciudadano. Sin embargo, de no ser levantado el fuero, Chaves no se salva de un proceso penal ya que la Fiscalía esperará a que salga del cargo en 2026 para proseguir el proceso.
Mientras tanto, voces como la de la expresidenta Laura Chinchilla consideran que el proceso contra el polémico y agresivo funcionario “fortalece la imagen internacional de Costa Rica”, al demostrar que nadie está por encima de la ley.
