La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió este jueves un fallo condenatorio contra el Estado de Nicaragua por la manipulación del proceso electoral de 2011 que permitió la reelección de Daniel Ortega como presidente.
El tribunal determinó que la “falta de integridad del proceso electoral” y el “uso abusivo del aparato estatal” violentaron los derechos políticos y garantías judiciales de Fabio Gadea Mantilla, principal candidato opositor en ese momento.
La presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, señaló que “la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE) actuaron de manera parcial y no garantizaron recursos judiciales efectivos para impugnar las irregularidades”.
En octubre de 2009, la Sala Constitucional de la CSJ declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección consecutiva, bajo el argumento de que violaba el principio de igualdad. Esta decisión fue clave para habilitar a Ortega como candidato presidencial en 2011 y desde entonces se ha sostenido en el cargo sin procesos electorales transparentes y verificables.
El fallo también destacó que los magistrados sandinistas, aliados al oficialismo, manipularon el proceso judicial a favor del dictador.
Ante la ausencia de magistrados liberales, los sandinistas designaron suplentes partidarios para asegurar el fallo favorable, lo que vulneró la independencia judicial y deslegitimó las decisiones de las instituciones.
Impacto político y consecuencias
El 6 de noviembre de 2011, el Poder Judicial dominado por el sandinismo anunció que Ortega obtuvo el 62.64% de los votos y fue reelecto como presidente, en un proceso electoral plagado de irregularidades documentadas por observadores internacionales y por la oposición.
Fabio Gadea Mantilla, quien quedó en segundo lugar, denunció la ilegalidad de la candidatura de Ortega y la parcialidad del CSE, pero sus impugnaciones no fueron admitidas por las instituciones del Estado.
La Corte IDH determinó que la actuación del aparato estatal no solo fue abusiva, sino que creó un escenario de total indefensión para los opositores.
“La falta de recursos judiciales efectivos y la cooptación institucional permitieron la reelección de Ortega, violando los derechos políticos de los ciudadanos y el principio de separación de poderes”, puntualizó Hernández.
Medidas ordenadas por la Corte IDH
El fallo de la Corte IDH ordena al Estado nicaragüense implementar reformas profundas en su sistema electoral y judicial, incluyendo:
1. Adaptación normativa: Nicaragua debe ajustar su legislación para cumplir con los estándares democráticos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la opinión consultiva de 2021, que declaró que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano.
2. Garantías de imparcialidad: El Consejo Supremo Electoral deberá garantizar su independencia y equidad en futuros procesos.
3. Acceso a recursos judiciales: Se debe establecer un sistema que permita la impugnación efectiva de violaciones a la ley electoral y proteja los derechos políticos de los ciudadanos.
Coyuntura política actual
El fallo llega en un contexto de creciente autoritarismo en Nicaragua. Desde 2018, el régimen de Ortega ha intensificado la represión contra opositores, periodistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.
La persecución política, el cierre de medios independientes y la expulsión de organismos internacionales han convertido al país en uno de los más cuestionados por la comunidad internacional en el mundo.
La sentencia también subraya la responsabilidad de la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones.
Expertos en derecho internacional advierten que el régimen de Ortega podría ignorar el fallo, como ha ocurrido con otras decisiones de la Corte IDH, agravando su aislamiento en la región.
El caso Gadea Mantilla: símbolo de resistencia
Fabio Gadea Mantilla, un destacado periodista y político, se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia en Nicaragua entonces, aunque hoy se encuentra en retiro y alejado de la vida político por edad.
Su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, posteriormente elevada a la Corte IDH en 2021, marcó un precedente en la documentación de las prácticas antidemocráticas del régimen sandinista.
La sentencia de la Corte IDH refuerza los llamados de organismos internacionales y gobiernos democráticos para presionar al régimen de Ortega a restaurar el estado de derecho en Nicaragua.
Sin embargo, el cumplimiento de las órdenes de la Corte dependerá en gran medida de la voluntad política del gobierno sandinista, que hasta ahora ha desestimado las demandas internacionales de reformas.
Este fallo histórico deja en evidencia las profundas fallas estructurales en el sistema político nicaragüense y reaviva el debate sobre la legitimidad de Ortega y Murillo como mandatarios legítimos.
