La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Reinaldo Picado, un exiliado político nicaragüense en Costa Rica, tras considerar que enfrenta un riesgo grave y urgente para su vida e integridad personal en caso de ser extraditado a Nicaragua.
La decisión fue emitida el pasado 25 de noviembre mediante la Resolución 90/2024.
Picado, quien solicitó refugio en Costa Rica, enfrenta una posible extradición a Nicaragua, donde sería acusado de diversos delitos por la dictadura sandinista.
La CIDH evaluó la situación del beneficiario y determinó que, en el contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, existe un riesgo de tortura o tratos crueles si regresa a su país.
Represión eterna en Nicaragua
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica marcada por graves violaciones a los derechos humanos.
El régimen de Ortega y Murillo ha sido señalado por la represión contra opositores, periodistas, sacerdotes y defensores de derechos humanos, utilizando tácticas como encarcelamientos arbitrarios, torturas y exilio forzado.
La CIDH destacó este contexto al evaluar la solicitud de medidas cautelares y reconoció los esfuerzos de Costa Rica para proteger a los migrantes nicaragüenses que huyen de la persecución.
Sin embargo, enfatizó que es crucial que las autoridades costarricenses garanticen el principio de non-refoulement (no devolución), absteniéndose de deportar o extraditar a Picado mientras su caso de refugio está pendiente de resolución.
Recomendaciones de la CIDH
La Comisión solicitó a Costa Rica que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Picado, y que las autoridades administrativas y judiciales realicen una valoración integral de su caso, conforme a estándares internacionales.
La CIDH también recordó que la adopción de estas medidas no implica un prejuzgamiento sobre eventuales violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos.
