El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, exigió este miércoles al fiscal general abrir investigaciones contra los expresidentes Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, así como contra 43 exdiputados de la Asamblea Legislativa, por haber designado y respaldado en distintos cargos al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, hoy requerido por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
“¿Para cuándo la investigación a su colega Boraschi, que trabajaba con Gamboa? ¿Y a Laura Chinchilla, exjefa de Celso? El otro al que debería estar investigando es el señor Luis Guillermo Solís, que lo nombró de ministro”, lanzó Chaves durante su habitual conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial.
El mandatario, que con frecuencia usa un tono sarcástico y polémico, también se burló de la situación del exmagistrado, quien fue atendido días atrás en la enfermería de la prisión La Reforma tras sufrir una lesión que, según medios locales, sería producto de la mordedura de una rata.
“¿Cómo siguió la rata? Por cierto, digo, lo mordió la rata, ¿verdad? Bueno. Ojalá lo vacunaron”, ironizó entre risas.
Celso Gamboa bajo acusación federal
Celso Gamboa, de 49 años, protagonizó una carrera pública tan veloz como controvertida. Durante la administración de Chinchilla se desempeñó como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), y con Luis Guillermo Solís fue ministro de Seguridad Pública.
En 2016, la Asamblea Legislativa lo eligió magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia con una mayoría histórica de 43 votos.
Un año y medio después fue suspendido por presuntos vínculos con corrupción, pero el caso alcanzó una nueva dimensión cuando el pasado 23 de junio agentes judiciales costarricenses lo detuvieron junto a su presunto socio, Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, a solicitud de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó el 11 de julio una acusación formal que describe a Gamboa como parte de una red internacional de narcotráfico dedicada a fabricar y distribuir cocaína, a sabiendas de que sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.
Si es hallado culpable, se enfrenta a una condena mínima de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Se trata del primer caso de un exministro costarricense procesado en tribunales federales estadounidenses por delitos de narcotráfico.
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Chaves cuestiona voto legislativo
Chaves subrayó con insistencia que Gamboa lo eligieron magistrado con respaldo casi unánime de todas las fuerzas políticas.
“Cuarenta y tres votos tuvo Celcito. No había voto público. Había 18 diputados del PLN, 13 del PAC, 9 del Frente Amplio, 8 del PUSC, 4 del Movimiento Libertario. Fue unanimidad política”, criticó el mandatario.
El presidente añadió que la trayectoria del exmagistrado es un ejemplo de la debilidad de controles en el sistema político y judicial del país.
“¿Cómo puede ser que una persona pase por todos esos puestos hasta la Sala Penal? ¿Dónde estaban los fiscales? ¿No oían que este hombre andaba en eso? Por eso la gente desconfía del sistema, y con toda la razón”, sostuvo.
También sugirió que el Congreso asuma nuevas atribuciones de control sobre la judicatura. “A mí no me sorprendería que un grupo de diputados inteligentes, en lugar de tener sólo la Contraloría estorbando, reformen esas leyes y se traigan la Inspección Judicial a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no?”, propuso.
Extradición y proceso de Celso Gamboa
La detención de Gamboa ocurre semanas después de que Costa Rica aprobara una reforma constitucional que permite extraditar nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo, algo prohibido durante más de un siglo.
Si se concreta la entrega de Gamboa a EE.UU., sería la primera extradición en aplicación de la nueva norma, aprobada en mayo pasado.
El pedido de Chaves de investigar expresidentes y exdiputados avivó la tensión política y generó malestar entre sectores que gobernaron Costa Rica en la última década.
Aunque por el momento Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís no han respondido de manera oficial, allegados de ambos sostienen que las declaraciones del presidente buscan distraer la atención de los problemas internos de su administración y polarizar la opinión pública.
La Fiscalía General tampoco ha confirmado si abrirá una causa penal contra quienes nombraron o respaldaron a Gamboa.
Mientras tanto, el caso se perfila como una crisis política con derivaciones institucionales de largo alcance y un nuevo episodio que alimenta la desconfianza ciudadana en los partidos tradicionales, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, las mismas estructuras que durante años avalaron la fulgurante carrera de un exfuncionario que hoy enfrenta acusaciones como presunto narcotraficante internacional.
