El informe del World Justice Project, que evalúa aspectos como límites al poder, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, gobierno abierto y justicia civil y penal, concluye que el Estado de derecho retrocedió por octavo año consecutivo a nivel mundial. Esta es una tendencia que golpea con fuerza a Centroamérica.
Nicaragua aparece en el puesto 139 de 143, consolidándose entre los peores del mundo. El informe atribuye su caída a un marcado debilitamiento institucional, con afectaciones graves en garantías y controles democráticos.
El Salvador se ubica en el puesto 114, reflejando un deterioro en indicadores vinculados a derechos fundamentales y contrapesos institucionales, según el reporte país del WJP.
Guatemala figura en el puesto 110, una posición que lo deja en la franja baja del ranking global. Además, refuerza las alertas sobre fragilidad institucional, confianza pública y desempeño del sistema de justicia.
Honduras aparece aún más abajo, en el puesto 116, con una caída que el WJP asocia a debilidades persistentes en Estado de derecho y funcionamiento institucional, en un país donde la confianza en la justicia sigue siendo un punto sensible.
Panamá se ubica en el puesto 73, una mejor posición relativa frente a varios vecinos, pero con señales de alerta en rendición de cuentas y control de la corrupción. Estas son dimensiones claves para sostener su reputación institucional y financiera.
Belice ocupa el puesto 82. En el informe, el país aparece con un desempeño intermedio: no está en el fondo regional, pero enfrenta retos en áreas que impactan directamente el acceso a justicia y la percepción de legalidad.
Costa Rica se mantiene como el país mejor posicionado de Centroamérica con el puesto 28, y además figura entre los mejor evaluados regionalmente. Sin embargo, el WJP advierte señales de desgaste institucional y presión sobre el espacio cívico.
Región de contrastes
El contraste dentro de Centroamérica es fuerte: mientras Costa Rica sigue en el grupo alto global, el resto de países queda desde la mitad hacia abajo. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua se concentran en la zona de mayor debilidad institucional.
El índice del WJP se construye con encuestas a hogares y consultas a especialistas, y su metodología busca medir cómo se vive el Estado de derecho “en la práctica”: desde la protección de derechos hasta la eficacia judicial.
Para el organismo, la erosión institucional tiende a traducirse en mayor impunidad, menor previsibilidad jurídica y debilitamiento de los contrapesos democráticos. Estos son factores que elevan la fragilidad política y social.
En ese contexto, el ranking 2025 deja una señal clara para la región: Centroamérica enfrenta una presión creciente sobre sus instituciones. Esto tiene impactos directos en gobernabilidad, derechos y estabilidad, en un momento en que la tendencia global también se mueve a la baja.
