La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este viernes una serie de reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, que amplían los plazos de acusación de la Fiscalía General de la República, la figura de audiencias abiertas hasta por dos años y autorizan que menores acusados de pertenecer a pandillas sean procesados por jueces de adultos.
Con las reformas, aprobadas por 57 de los 60 votos del parlamento salvadoreño, la Fiscalía amplía de dos a cuatro años el plazo para presentar acusaciones contra detenidos bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Con ello, los fiscales dispondrán de hasta cuatro años en total para concluir investigaciones y llevar a juicio a procesados vinculados a pandillas y delitos de crimen organizado.
Las modificaciones, impulsadas por el oficialismo, fueron rechazadas por los partidos opositores VAMOS y ARENA, que las califican como un ataque al debido proceso y un retroceso en el sistema de justicia.
También se incorpora la figura de audiencia abierta, que posibilita mantener procesos activos por hasta dos años, sumando nuevos acusados mientras avanza la investigación.
Juicios a menores por tribunales de adultos
Otro cambio polémico es la remoción de menores del sistema especializado, ya que ahora los jóvenes vinculados a estructuras criminales serán juzgados por tribunales de crimen organizado, con jueces de menores únicamente como supervisores del debido proceso.
Abogados penalistas y expertos en derechos humanos advierten que estas medidas suponen una amenaza a garantías fundamentales, generan indefinición procesal y representan un retroceso en la justicia juvenil en El Salvador.
La diputada Claudia Ortiz (VAMOS) criticó que la Asamblea “refuerce la incapacidad de las instituciones”, al otorgar más tiempo a la Fiscalía cuando ya contaba con dos años para presentar acusaciones. Por su parte, Francisco Lira (ARENA) denunció que estas reformas ponen en riesgo a los inocentes:
El oficialismo, en cambio, defiende las modificaciones como una herramienta para fortalecer los procesos judiciales contra pandillas y evitar que los capturados bajo el régimen de excepción recuperen su libertad por falta de acusación en los plazos vigentes.
