El presidente Bernardo Arévalo lanzó este lunes 14 de julio una dura crítica al sistema de justicia guatemalteco, al que acusó de actuar con doble rasero y de usarse como herramienta política. La declaración se dio luego de que Melvin Quijivix, exdirectivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), fuera beneficiado con arresto domiciliario pese a estar vinculado a un millonario caso de lavado de dinero.
“En nuestro país vemos una clara manipulación del sistema judicial. Las medidas de detención se aplican de forma arbitraria, castigando a quienes denuncian corrupción o defienden la democracia, mientras se otorgan privilegios a quienes han saqueado el Estado”, declaró Arévalo en conferencia de prensa.
El mandatario recordó que Quijivix, procesado por presuntamente lavar más de 85 millones de quetzales y ocupar plazas fantasmas en Segeplan, recibió medidas sustitutivas pocos días después de su captura, en el marco del caso conocido como “Red Q”.
Mientras tanto, figuras públicas como el periodista José Rubén Zamora, preso desde 2022, líderes indígenas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, el exfiscal Stuardo Campo, y el político Eduardo Masaya, siguen enfrentando prisión preventiva prolongada, pese a ser señalados en contextos considerados por organizaciones nacionales e internacionales como persecución política.
“Contrasta enormemente ver cómo los corruptos consiguen arresto domiciliario y quienes luchan por un país más justo siguen tras las rejas. Esta no es justicia, es represión”, enfatizó Arévalo.
El presidente también hizo referencia al rol del Ministerio Público, dirigido por María Consuelo Porras, a quien diversos sectores han señalado como principal operadora de una estrategia judicial para desarticular a opositores políticos y defensores de derechos humanos.
Desde su llegada al poder, Arévalo ha sostenido que su gobierno enfrenta constantes intentos de sabotaje institucional por parte de actores que buscan mantener el control del aparato estatal.
El presidente recordó que más de 100 exfuncionarios del sistema de justicia, incluidos fiscales, jueces y periodistas, se han exiliado en los últimos años por investigar redes de corrupción.
“Mientras Guatemala siga castigando al que denuncia y premiando al que roba, no podremos hablar de una democracia plena”, concluyó el mandatario.
