La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional nombró este lunes a Ruth Eleonora López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez como presos de conciencia y exigió su liberación inmediata e incondicional, en medio de lo que califica como un aumento alarmante de persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, advirtió que estas detenciones “no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos y exigen justicia y transparencia”. La organización instó a la comunidad internacional a intervenir para frenar el retroceso democrático en el país.
Ruth López, abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue detenida el 18 de mayo acusada inicialmente de malversación, cargo que luego fue cambiado a enriquecimiento ilícito. Según Amnistía, no existen pruebas sólidas que sustenten la acusación y su detención se realizó bajo secreto judicial y sin garantías de debido proceso.
Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental, fue capturado el 13 de mayo durante una protesta pacífica contra desalojos forzosos en la comunidad El Bosque, que alberga a más de 300 familias. Permanece incomunicado en la prisión de La Esperanza bajo régimen de detención preventiva, sin acceso pleno a su defensa y expuesto a condiciones de hacinamiento y posible trato cruel.
José Ángel Pérez, pastor evangélico y líder de la cooperativa de El Bosque, fue arrestado el mismo día y enfrenta cargos de desorden público y resistencia, al igual que Henríquez. Ambos, sostiene Amnistía, fueron criminalizados por su liderazgo comunitario y su defensa del territorio, sin que la Fiscalía presentara pruebas contundentes.
Amnistía Internacional alerta que estas detenciones se dan en un contexto de reformas estructurales que debilitaron la independencia judicial y de un estado de excepción que, desde marzo de 2022, ha sido extendido más de 39 veces y permitió la detención masiva de más de 86,000 personas, bajo denuncias de torturas, tratos crueles y muertes bajo custodia estatal.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que El Salvador está “al borde del colapso del espacio cívico” y que el uso del sistema penal como herramienta de persecución amenaza a comunidades empobrecidas, defensores de derechos y voces críticas.
“Las detenciones de Ruth, Alejandro y José Ángel representan la criminalización de quienes exigen rendición de cuentas. Hoy más que nunca, la comunidad internacional debe exigir el respeto a los derechos fundamentales y el cese de la persecución”, remarcó Piquer.
Amnistía exige la liberación inmediata de los tres detenidos, la garantía de procesos justos y la anulación de normativas represivas que restringen derechos básicos, como el estado de excepción y la Ley de Agentes Extranjeros.
