Gran alarma ha causado entre los cuentahabientes y analistas económicos de Nicaragua un proyecto de ley promovido por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que busca incrementar los controles estatales sobre el sistema financiero y endurecer las sanciones a instituciones bancarias.
La iniciativa, presentada ante la Asamblea Nacional, otorga amplios poderes a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central de Nicaragua (BCN) para intervenir directamente en la administración de bancos privados, desatando temores sobre posibles congelaciones y confiscaciones de cuentas.
En redes sociales y declaraciones privadas recogidas por medios independientes, ciudadanos y expertos expresaron preocupación por el contexto represivo en que surge esta propuesta.
“Es un movimiento claramente dirigido a afianzar el control político y económico del régimen, en detrimento de la seguridad bancaria y los derechos de los usuarios”, comentó un economista bajo anonimato.
Detalles de la propuesta
La Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, según el texto divulgado, autoriza a la Superintendencia a nombrar y destituir a gerentes y directivos de las entidades financieras bajo criterios que considere convenientes.
El regalo de navidad de la dictadura familiar en Nicaragua: terminan con sigilo bancario, iniciando una guerra con la banca y los cuentahabientes
El regalo de Navidad de los Ortega a los Nicaragüenses o extranjeros con cuentas en los bancos nacionales es el fin del sigilo… pic.twitter.com/HlVaiiwBOO
— Emiliano Chamorro / Informa Periodista (@EmilianoCHM69) December 23, 2024
Además, se amplían las atribuciones para anular nombramientos, sancionar incumplimientos con multas más severas y exigir autorización previa para cualquier movimiento de capital o traspaso accionario.
El artículo 139 otorga a la Superintendencia el poder de destituir personal bancario por infracciones graves, mientras que el artículo 140 establece la obligatoriedad de verificar el origen lícito de los recursos destinados al capital de las entidades supervisadas.
Un sistema en la mira
El proyecto de ley, enviado por Ortega con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, también contempla la integración de las leyes orgánicas del BCN y la Superintendencia de Bancos en un único sistema regulatorio.
“Esto distorsiona totalmente el funcionamiento del mercado financiero. Regular y supervisar no debe equivaler a administrarlo directamente”, afirmó Marco Aurelio Peña, economista nicaragüense, a medios locales.
Contexto represivo
La propuesta se enmarca en un clima de creciente autoritarismo en Nicaragua, donde la dictadura Ortega-Murillo ha impulsado reformas legales destinadas a proteger a altos funcionarios sancionados internacionalmente.
Estas acciones coinciden con una ola de medidas represivas, que incluyen secuestros policiales, confiscaciones de bienes, destierros forzados y violaciones masivas de derechos humanos, según organismos internacionales.
En los últimos meses, la Asamblea Nacional aprobó una normativa que obliga a los bancos a ignorar sanciones internacionales contra funcionarios del régimen, incluyendo a Rosario Murillo y varios de sus hijos, señalados por violaciones de derechos humanos.
Impacto en los usuarios
Los cuentahabientes temen que la creciente injerencia estatal en el sistema financiero derive en medidas más agresivas, como la congelación o confiscación de fondos de aquellos considerados adversos al régimen.
“Esto parece ser una estrategia para asfixiar económicamente a quienes no son leales al sandinismo”, denunció un empresario exiliado en San José, Costa Rica.
Se espera que la ley entre en vigor en enero próximo, tras su previsible aprobación y publicación en la gaceta oficial, consolidando el control total del régimen sobre el sistema financiero nicaragüense.
