Un juez federal prohíbe el envío de jóvenes migrantes a centros de detención para adultos en Estados Unidos. La decisión fue emitida por Rudolph Contrera, del Distrito de Columbia, en respuesta a una moción de emergencia presentada por el American Immigration Council y el National Immigrant Justice Center (NIJC).
Ambas organizaciones denunciaron que las transferencias eran ilegales y contrarias a una sentencia judicial previa de 2021, conocida como el caso García Ramírez vs. ICE.
La orden judicial reitera que el Gobierno no puede enviar automáticamente a los jóvenes migrantes a cárceles para adultos solo por alcanzar la mayoría de edad.
Según el fallo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) violaba los derechos de los jóvenes al mantenerlos en entornos “plagados de hacinamiento y condiciones peligrosas”, según señaló Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración.
Los menores que llegan solos a Estados Unidos son alojados inicialmente en refugios administrados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que intenta colocarlos con familiares o patrocinadores.
Sin embargo, las políticas migratorias restrictivas implementadas durante la administración del expresidente Donald Trump dificultaron la entrega de custodia, generando un aumento de detenciones prolongadas.
Niños que serían retornados a Guatemala
Mark Fleming, del NIJC, celebró el fallo y advirtió que no permitirán que el Gobierno retome prácticas que ya fueron declaradas ilegales. “Encerrar a jóvenes vulnerables lejos de sus familias no mejora la seguridad pública, solo agrava el daño”, afirmó.
El fallo representa otro revés judicial para las políticas migratorias restrictivas del expresidente Trump. En septiembre, otro juez bloqueó el intento de deportar a más de 300 menores centroamericanos, entre ellos 76 que ya se encontraban en un vuelo hacia Guatemala.
Los abogados de esos niños denunciaron que se violó su debido proceso, pues aún tienen casos activos ante tribunales migratorios.
La nueva resolución judicial marca un precedente en la protección de los derechos de menores migrantes que cruzan solos la frontera entre México y Estados Unidos, una población que sigue creciendo ante la crisis económica y de violencia en América Latina.