Un juez federal en California extendió este jueves el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 60,000 migrantes provenientes de Centroamérica y Asia, incluidos hondureños, nicaragüenses y nepaleses, frenando temporalmente los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por eliminar este beneficio migratorio.
El fallo beneficia a unos 51,000 hondureños y cerca de 3,000 nicaragüenses que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos por más de 25 años, luego de que sus países fueran devastados por el huracán Mitch en 1998. También protege a unos 7,000 ciudadanos de Nepal cuyo TPS vencía el próximo 5 de agosto.
El Estatus de Protección Temporal permite a personas de países afectados por desastres naturales o conflictos sociales permanecer legalmente en EE.UU., evitando su deportación y permitiéndoles trabajar. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó recientemente que Honduras y Nicaragua habían logrado “avances significativos” en su recuperación, decisión que los dejaba expuestos a una posible expulsión a partir del 8 de septiembre.
Abogados del colectivo National TPS Alliance sostienen que estas decisiones no se basan en evaluaciones objetivas de las condiciones en los países de origen, sino en promesas de campaña del expresidente Trump y motivaciones discriminatorias.
“Les dieron apenas dos meses para abandonar el país. Es terrible”, expresó el abogado Ahilan Arulanantham durante una audiencia judicial el martes.
La administración Trump ya ha eliminado el TPS para más de 350,000 venezolanos, 500,000 haitianos, más de 160,000 ucranianos y miles de migrantes de Afganistán, Nepal y Camerún, aunque muchos de estos casos siguen pendientes en cortes federales.
El Departamento de Justicia, por su parte, argumenta que Noem posee autoridad absoluta sobre el programa y que su decisión forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para reformar la política migratoria y exterior. “El TPS no está diseñado para ser permanente”, afirmó el abogado del gobierno, William Weiland.
Esta extensión judicial brinda un respiro temporal a miles de familias centroamericanas radicadas en Estados Unidos, mientras continúa la batalla legal sobre el futuro de este mecanismo vital de protección humanitaria.
