El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, ha comenzado a implementar un plan de restricción de visas y otras acciones dirigida a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas que ofrecen servicios de transporte destinados principalmente a personas que intentan migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos.
La medida, que entró en vigor este miércoles 21 de febrero, abarca a propietarios y funcionarios de compañías que operan vuelos chárter, así como a empresas de transporte terrestre y marítimo.
Esta acción amplía y reemplaza la política previamente establecida respecto a Nicaragua en noviembre de 2023, de acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Estado.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha afirmado que esta nueva política tiene como objetivo abordar las operaciones de transporte que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes y facilitan la migración irregular hacia Estados Unidos y otras partes del mundo.
Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha sido señalada por promover la entrada de miles de migrantes sudamericanos, africanos y europeos al país, con la intención de que prosigan su viaje hacia el norte, en dirección a la frontera entre México y Estados Unidos.
Ortega abrió las puertas del país a cientos de miles de cubanos para viajar sin visa a Nicaragua, pero en realidad ha sido para que continúen a Estados Unidos; además las autoridades policiales, militares y de Migración sandinista bajo dirección del oscuro personaje Luis Roberto Cañas Novoa, han establecido todo un sistema de tráfico de migrantes desde el sur hacia Estados Unidos a cambio de extorsiones y multas.
Esta acción ha sido vista como una estrategia política de Ortega para generar una crisis migratoria y ejercer presión sobre la administración Biden, a la par de generar recursos a través de la corrupción con multas a los migrantes.
En este sentido, el funcionario estadounidense Miller destacó que los migrantes que llegan a Estados Unidos de manera irregular a menudo se exponen a riesgos significativos y son susceptibles a extorsiones, además de enfrentar el riesgo de ser sometidos a procedimientos de deportación de acuerdo con las leyes de inmigración del país.
Por lo tanto, tanto el Departamento de Estado como el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, han subrayado la importancia de responsabilizar a los operadores de transporte que facilitan la migración irregular y ponen en peligro la seguridad y bienestar de las personas migrantes y sus familias.
