El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, fue formalmente imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por cargos relacionados con tráfico de armas, hidrocarburos y posible colaboración con el crimen organizado.
Las investigaciones, que derivaron en la causa penal 495/2025, señalan que Rocha Cantú operaba una red dedicada al robo de combustible, conocido en México como “huachicol”, así como el suministro de armas a organizaciones criminales, incluidos presuntos vínculos con cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.
De acuerdo con la FGR, los combustibles ilícitos provenían de Guatemala y llegaban a instalaciones logísticas ubicadas en Querétaro, donde se mezclaban con aditivos para “blanquearlos” y luego se distribuían mediante empresas fachada.
Además, la red habría utilizado compañías de seguridad privada para adquirir, transportar y rematricular armas, muchas veces con la participación de exfuncionarios de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Tras la emisión de la orden de aprehensión, Rocha Cantú se sumó al programa de testigos protegidos de la FGR, lo que abre la posibilidad de que coopere con investigaciones más amplias sobre narcotráfico y redes criminales en la región.
El escándalo sacude no solo el mundo del espectáculo, sino también los cimientos de una de las marcas más conocidas de certámenes de belleza a nivel global. Analistas advierten que este caso podría reconfigurar la relación de las franquicias de Miss Universo con inversión, poder y narcotráfico.
Para Centroamérica, este caso implica un alerta importante: si la red de combustible ilícito tenía rutas desde Guatemala, podría servir de puente para el tráfico hacia México y desde ahí hacia otros mercados, lo que potencia la urgencia de fortalecer controles transnacionales.