El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, salió en televisión nacional la noche del viernes con una fuerte advertencia en contra de los comerciantes: “Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después”. Las declaraciones sucedieron después de bruscos aumentos en las hortalizas, que llevó a precios récords, como un güisquil (chayote o pataste en otros países centroamericanos) a $1.50 en algunos supermercados.
Después de las tormentas tipo temporal, ocurridas entre el 14 y el 21 de junio en toda la región, el precio de las hortalizas se disparó en El Salvador. Los vendedores de los principales mercados alegan que los proveedores entregaban más caro incluso antes de la emergencia, pero, tras el azote de las lluvias, se encarecieron más por los daños en los cultivos o sobrecostos en las importaciones.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) confirmó que una caja de güisquil grande de 50 unidades costaba $34 en el mercado mayorista de La Tiendona, en San Salvador, el 13 de junio. Dos semanas después, el 26 de junio, subió a $45, un incremento de 32 %.
Mientras las quejas aumentaban en redes sociales, el gobierno salvadoreño aseguraba que no se interrumpió el suministro de hortalizas y frutas desde la región, por lo que no se esperaban incrementos en la plaza salvadoreña.
El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), una organización que da seguimiento al costo de la vida en El Salvador, advirtió que los precios en Guatemala no registraron mayores variaciones después de las lluvias, por lo tanto los ajustes al alza se trataban de especulación por parte de los comerciantes.
Por ejemplo, la misma caja de güisquiles tenía un valor de $26 en los mercados guatemaltecos, un 70 % más barato que en El Salvador.
¿Por qué importa Guatemala?
El Salvador importa la mayor parte de las frutas y las hortalizas que consume porque su producción no es suficiente para satisfacer la demanda interna.
Un estudio realizado en 2018 por el Ministerio de Economía (Minec) reveló que se importa cerca de un 80 % de los alimentos que demanda la población, un porcentaje que supera al 30 % considerado fuera de riesgo según parámetros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En este renglón Guatemala sale como ganador, pues es el principal proveedor de frutas y verduras, mientras que Nicaragua tiene la mayor participación con productos lácteos.
El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que al término de 2023 se importaron más de $269.1 millones en concepto de frutas y hortalizas, de los cuales Guatemala representó $89.9 millones, un 53 % del total.
Si las calles de Guatemala se cierran, también el suministro para El Salvador. Tal cual ocurrió en octubre de 2023, cuando el mercado mayorista de la capital salvadoreña se quedó hasta dos días sin hortalizas debido a las protestas en el país vecino por la crisis política.
De las fincas guatemaltecas proceden tomates, frijoles, pepinos, apio, espárragos, pimientos (chiles dulces), berenjenas, hongos, espinaca, papas, ayotes, aguacates… Básicamente la gran parte de los productos que utiliza el salvadoreño en su dieta.
La gran parte de las importaciones llega a La Tiendona -el mercado de mayoreo más grande de la capital salvadoreña- donde los vendedores adquieren los productos para luego comercializar en los mercados al interior del país. Esta central de abastos moviliza más de 10,000 toneladas de alimentos cada año.
Reacción después de Bukele
Como una medida paliativa, el Ministerio de Agricultura instaló mercados donde los salvadoreños pueden comprar a “precios justos” y como alternativa a las plazas tradicionales. Sin embargo, estos lugares son insuficientes para atender la demanda y la gran parte de las personas termina donde suelen frecuentar.
Tras las declaraciones del presidente Bukele, los comerciantes en San Salvador han comenzado a quejarse de que los consumidores exigen precios bajos, pero el producto no ha ingresado a menor costo.
En declaraciones a la prensa local, los vendedores aseguran que han quedado como los “malos de las películas”.
La Defensoría del Consumidor ha activado más de 120 investigaciones contra proveedores por supuesto aumento injustificado de precios en “procedimientos abreviados”. Estas personas pueden ser sancionadas con hasta 500 salarios mínimos ($365).
