Una nueva demanda internacional se suma al historial jurídico de Honduras, elevando a 17 los casos pendientes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial.
Aunque el país formalizó su salida de este organismo el 25 de agosto de 2024, ello no impide que nuevos procesos legales puedan presentarse, tal como lo habían advertido especialistas en arbitraje y derecho internacional.
La reciente demanda fue interpuesta por la empresa estadounidense Overseas Real Estate LLC, administradora de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Ciudad Morazán, ubicada en Choloma, Cortés.
La compañía ha recurrido al mecanismo complementario del Ciadi, basándose en dos instrumentos jurídicos: la Ley de Inversiones de Honduras (2011) y el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
🔵#TN5Estelar| Zede “Ciudad Morazán” presenta demanda por $100 millones contra Honduras ante el CIADI.
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— TN5 (@TN5Telenoticias) May 20, 2025
El proceso fue registrado el 15 de mayo de 2025, con un reclamo de $100 millones al Estado hondureño.
Reacciones legales y posibles escenarios
El arbitrista internacional Javier Briceño calificó esta acción legal como esperada.
“La denuncia del convenio Ciadi nunca fue una solución porque los otros tratados de inversión ya proveen rutas alternas. La solución no es cerrar uno de esos caminos, sino detener las actuaciones que motivan a los inversionistas extranjeros acudir a esos caminos”, afirmó.
Briceño estimó que este tipo de procesos pueden prolongarse entre tres y once años. Además, señaló que la estrategia del gobierno podría implicar costos altos.
“El Gobierno está tomando una postura hasta cierto punto confrontativa, pero en el ejercicio de su soberanía ellos tienen esa facultad. El hecho que prefieran litigar cada uno de sus casos genera un costo sustancial para el Estado porque las firmas que se han contratado —que no solo es una— se le está pagando al equipo de la PGR y a dos firmas extranjeras que no cobran barato”, comentó.
Según el abogado, una vía alterna viable sería la negociación directa con los inversionistas.
Por su parte, el procurador general de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas, aseguró que la demanda está siendo atendida conforme al protocolo ya aplicado en otros casos similares. “Nosotros ya estamos al tanto de esta pretensión y estamos dándole el abordaje que le hemos dado al resto de demandas arbitrales promovidas contra el Estado, incluyendo Próspera”, declaró a medios de comunicación.
La situación jurídica de las ZEDE
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el marco legal que dio origen a las Zede, estas estructuras continúan en operación. La resolución invalida las normas que las establecieron, pero no ordena su cierre automático. Aun así, sus efectos jurídicos tienen gran peso para futuros litigios.
Analistas señalan que la salida de Honduras del Ciadi ha disminuido su atractivo para los inversionistas internacionales, a ello se suma la inseguridad jurídica, una de las principales preocupaciones para quienes buscan hacer negocios en el país.
El experto en arbitraje internacional Juan Diego Lacayo explicó en una entrevista televisiva que la desvinculación del Ciadi no brinda inmunidad frente a nuevas disputas.
“De nada sirve que Honduras haya finalizado el convenio con Ciadi, ya que si Honduras tiene tratados de libre comercio como el DR-CAFTA, leyes para la promoción y protección de inversiones y aun si la contraparte inversionista tiene la nacionalidad de un país que es parte del convenio Ciadi, es suficiente para convocar a un proceso internacional de inversión y hacer valer sus derechos”, puntualizó.
