El gobierno salvadoreño propuso una Ley de fomento de la inteligencia artificial y tecnologías que incluye la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), un ente autónomo encargado de supervisar, fomentar y regular el uso de estas tecnologías disruptivas.
Una propuesta de ley fue presentada ante la Asamblea Legislativa por la la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé y busca crear un marco legal integral que permita gestionar los riesgos asociados a la Inteligencia Artificial (IA).
Además, establece la creación de la ANIA, una institución adscrita a la Presidencia de la República que fungirá como la autoridad rectora en el ámbito de la inteligencia artificial.
La propuesta busca la creación de un marco regulatorio integral que permita gestionar los riesgos asociados a los referidos tipos de tecnologías y la generación de las salvaguardas pertinentes para que los desarrolladores, investigadores y otras personas involucradas con la inteligencia artificial puedan realizar sus actividades de manera eficiente. .
La iniciativa de ley, que está en manos de la Comisión de Tecnología Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, tiene por objeto “contribuir al avance tecnológico y crecimiento económico del país mediante el impulso del desarrollo, investigación y aplicación de la inteligencia artificial o tecnologías similares”.
Entre sus principales atribuciones se encuentran la implementación de programas de capacitación, la incorporación de la IA en los servicios públicos y la supervisión del cumplimiento de las normativas técnicas por parte de empresas e instituciones.
Además, uno de los ejes centrales de la propuesta es la integración de la educación en inteligencia artificial dentro del sistema educativo, en conjunto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Según el texto, esta medida busca preparar a las futuras generaciones para adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado, al tiempo que promueve la transparencia en el uso de estas herramientas.
La propuesta de ley incluye disposiciones para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual.
