En momentos en que el gobierno salvadoreño promociona su “guerra contra la corrupción”, la Fundación para el Debido Proceso advierte que en este país hubo retrocesos “importantes” que han impedido o retardado el combate al crimen de cuello blanco.
De acuerdo a esta organización no gubernamental (DPLF, por sus siglas en inglés) con sede en Washington, los obstáculos han sido por decisiones legislativas o gubernamentales que impiden el acceso a la información pública que permita detectar casos de potenciales actos de corrupción.
“Medidas como la terminación abrupta de la CICIES (2021), las remoción de altas autoridades judiciales (magistrados constitucionales, fiscal general y jueces, 2021), exclusiones de responsabilidad o una ampliación injustificada de la reserva sobre información pública constituyen los principales reveses en la lucha anticorrupción”, dice la DPLF.
🇸🇻 Quienes investigan la corrupción en #ElSalvador enfrentan diversos obstáculos para acceder a información que permita señalarla, denunciarla y sancionarla.
Hoy presentamos nuestros hallazgos y recomendaciones para retomar el rumbo de la lucha contra la corrupción. (1/2) pic.twitter.com/TD6XhVLeYi
— Due Process of Law Foundation (@DPLF_info) June 5, 2023
Estos puntos están contenidos en el informe Carrera de obstáculos: Confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador.
El mismo incluye los mecanismos que se mantienen y que permiten el combate a la corrupción, como leyes y procedimientos legales bajo los cuales se puede identificar y denunciar estos actos.
“Distintos gobiernos abrazan la bandera de la lucha anticorrupción y prometen combatirla, pero la historia demuestra que estos compromisos no son serios ni sinceros si no están acompañados de acciones concretas, incluso si ello implica separar a funcionarios en ejercicio y afectar a grupos cercanos al entorno del poder”, dijo Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de DPLF.
“La decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de declarar una reserva sobre toda la información y los informes producidos por su Sección de Probidad, en el marco de sus auditorías patrimoniales a personas funcionarias públicas, también constituye un grave obstáculo para fiscalizar el enriquecimiento indebido y para hacer efectivas sus responsabilidades penales”, añade.
La legislación aprobada para exonerar de responsabilidad a quienes hayan participado en compras de bienes y servicios y ejecuciones de obra pública en el marco del manejo de la pandemia por Covid-19, explica, es un “precedente negativo que lesiona los principios de integridad y transparencia en la función pública; a la vez, obstaculiza la fiscalización y el ejercicio de la acción penal en casos de corrupción”.
La DPLF recomienda reformas penales para la protección de “bienes jurídicos colectivos con la misma consistencia que los bienes jurídicos individuales” y aprovechar la experiencia que existe en la región en relación con la reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos.
“La comunidad internacional tiene que acompañar a El Salvador a retomar el camino de la lucha contra la corrupción y apoyar políticas públicas de transparencia, integridad y rendición de cuentas de las instituciones públicas, además de respaldar a la sociedad civil y al periodismo investigativo que denuncian actos de corrupción. La guerra contra la corrupción no se trata de usar la persecución penal contra personas específicas, sino de un compromiso que debe abarcar una transformación de toda la gestión pública”, agregó Indacochea.
Recomendaciones contra la corrupción
- Restablecer mecanismo internacional de apoyo contra la corrupción.
- Creación de fiscalía especial anticorrupción.
- Nombramientos por mérito de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.
- Respeto institucional al Órgano Judicial y la Fiscalía General.
- Restituir jueces removidos de sus cargos (en casos que lo ameriten).
