La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró preocupación por los altos índices de homicidios de mujeres, la falta de acceso a salud y educación, la exclusión social y la inseguridad ciudadana en Honduras y su presidenta, Margarette May Macaulay, dijo que solo a través de un diálogo sincero y abierto podrían comenzar a resolverse estos problemas.
«Es esencial para el Estado promover un sincero y abierto diálogo con todos los sectores, incluyendo las voces disidentes y para garantizar la participación activa de grupos que han sido históricamente excluidos y discriminados en este país», dijo May Macaulay tras finalizar una visita de 5 días a Honduras, en la que junto con otros personeros de la CIDH vieron de cerca la situación de los derechos humanos.
El diálogo “es la única manera en que el Estado podrá proveer una respuesta integrada y efectiva a las necesidades del país y recuperar la confianza de toda la población en sus instituciones aquí en Honduras”, sostuvo.
En un informe preliminar, la comitiva señala que hay 91 observaciones, entre las que se incluyen la importancia de mejoras estructurales para atacar de lleno la inequidad y pobreza; salud, educación, violencia -con un impacto diferencial en las mujeres-, seguridad ciudadana, independencia judicial, acceso a la justicia o la falta de la misma; conflictos sociales, ambientales y de territorio.
Explicó que durante la visita, en la que hicieron varias entrevistas, conocieron sobre los problemas que afectan a grupos particulares discriminados históricamente y excluidos, entre ellos los indígenas, afrodescendientes y garífunas, mujeres y niños, adultos mayores y miembros de la comunidad LGBTIQ+.
Además abordan en el informe la situación de personas con problemas de movilidad y la violencia en contra de activistas y defensores de derechos humanos.
Honduras tiene la tasa de feminicidios más alta de Centroamérica y 73 de cada 100 habitantes vive en índices de pobreza.
«Esta situación resulta agravada por los serios impactos del cambio climático, la corrupción, el incremento de precios y los altos niveles de informalidad laboral. En esta línea, se toma nota que el 58 % de la población trabaja en el sector informal y no recibe seguridad social», dice el informe preliminar.
