Al cumplirse 19 años del retorno al poder de Daniel Ortega, el economista e historiador exiliado Enrique Sáenz plantea un balance categórico tras casi dos décadas de dictadura: una secuencia de fracasos que atraviesan lo social, lo político, lo económico, lo institucional y lo estratégico.
Su evaluación —expresada en términos analíticos en sus redes sociales— describe un país que no solo dejó de avanzar, sino que retrocedió y perdió oportunidades históricas de desarrollo.
Rosario de fracasos
Para Sáenz, el punto de partida es el fracaso social. Sostiene que más del 12 % de la población (de 6.9 millones de habitantes) emigró en los últimos años, principalmente por la falta de oportunidades de bienestar y la represión.
En paralelo, advierte que los salarios reales son hoy 14 % menores que en 2006, mientras el 80 % de la población laboral permanece en la informalidad, un indicador de precarización persistente.
En el fracaso político, Sáenz afirma que el régimen aniquiló el proceso de transición democrática, suprimió libertades y derechos, e impuso una dictadura totalitaria que ahora pretende consolidar una dinastía.
Como reflejo de esa ruptura entre Estado y sociedad, estima que menos del 10 % de la población respalda al régimen que llegó al poder con el 38% de los votos en 2006.
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Modelo depredador
El fracaso económico, según su análisis, es estructural: de no ser por las remesas familiares, la economía ya habría colapsado.
Describe un modelo depredador de recursos naturales, sustentado en el abaratamiento de los salarios, sin una sola transformación de la estructura productiva que genere progreso real, productividad y empleo productivo.
En el plano externo, Sáenz define un fracaso internacional: un régimen aislado y, al mismo tiempo, uno de los más desacreditados del mundo, con crecientes costos diplomáticos y financieros.
Una maldición para el pueblo
El fracaso moral se expresa, a su juicio, en la construcción de un “Estado mafioso”, ubicado entre los más corruptos a nivel mundial, donde la ley se instrumentaliza y la impunidad se normaliza.
Finalmente, identifica un fracaso estratégico de largo plazo: la educación registra los peores rendimientos de América Latina, de acuerdo con evaluaciones regionales de UNESCO.
A la vez, la deuda externa pública genera más pagos que ingresos; la seguridad social es inviable; y la población envejece sin que el país haya aprovechado el bono demográfico.
En síntesis, concluye Sáenz, “la dictadura dinástica ha sido una maldición para el pueblo”.
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Migración y demografía: datos y contexto
Más allá de la valoración de Sáenz, los datos demográficos confirman la magnitud del quiebre social. Desde 2018, Nicaragua ha perdido más de un millón de habitantes por migración forzada y económica, un fenómeno sin precedentes en su historia reciente.
Los principales destinos han sido Costa Rica, Estados Unidos y España, donde comunidades enteras se reconfiguraron como diáspora.
El impacto es doble: por un lado, alivia el consumo interno vía remesas; por otro, erosiona el capital humano y profundiza la dependencia.
La salida de población joven acelera el envejecimiento, presiona la seguridad social y reduce la base productiva, consolidando un círculo de estancamiento.
Derechos humanos, prensa y religión
El deterioro institucional se refleja en indicadores verificables. En derechos humanos, organismos internacionales documentan crímenes de lesa humanidad.
Incluyen detenciones arbitrarias, destierros, confiscaciones, torturas y uso desproporcionado de la fuerza desde 2018.
En libertad de prensa, Nicaragua figura entre los peores países del hemisferio, con confiscación de medios, cancelación de personerías jurídicas, censura y exilio forzado de periodistas; clasificaciones globales como las de Reporteros Sin Fronteras sitúan al país en el fondo del ranking.
La libertad religiosa también registra un retroceso severo: procesiones prohibidas, bienes eclesiales confiscados, sacerdotes detenidos o expulsados y un discurso oficial de hostigamiento, lo que ha tensado la relación del Estado con comunidades de fe y organizaciones humanitarias.
Aislamiento y costos
En el plano internacional, el aislamiento se traduce en sanciones, restricciones financieras y retiros o marginaciones de foros de derechos humanos.
El costo reputacional limita inversión, encarece el crédito y reduce márgenes de maniobra en un contexto regional cambiante.
A 19 años del retorno de Ortega, el panorama combina migración masiva, precarización laboral, colapso institucional y aislamiento.
El balance según Enrique Sáenz resume una trayectoria de fracasos acumulados, mientras los datos demográficos y de libertades confirman el profundo retroceso del país. La pregunta de fondo ya no es solo el balance, sino el costo generacional de un ciclo que Nicaragua aún no logra cerrar.
