De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de Costa Rica alcanzó los 42,7 billones de colones (unos $80.600 millones) en 2024, consolidando al país como una de las economías más estables de Centroamérica.
Sin embargo, ese crecimiento no se reflejó de forma equitativa en los hogares. El informe indica que el 15,2% de las familias vive bajo la línea de pobreza, mientras que el 3,8 % enfrenta pobreza extrema.
Las cifras muestran importantes diferencias regionales. Las regiones Huetar Caribe, Brunca y Pacífico Central registran niveles de pobreza superiores al promedio nacional, lo que expone desequilibrios estructurales en el desarrollo territorial.
En contraste, la Región Central concentra mejores indicadores de ingreso, empleo y acceso a servicios, profundizando la brecha entre zonas urbanas y rurales.
Aunque el empleo muestra señales de recuperación, una proporción significativa de la población ocupada se mantiene en condiciones de informalidad, lo que limita el acceso a seguridad social y estabilidad económica.
Hogares encabezados por mujeres
El informe del INEC también advierte que los hogares encabezados por mujeres presentan mayores niveles de vulnerabilidad, especialmente en contextos de pobreza y empleo precario.
A nivel regional, la situación de Costa Rica refleja una tendencia compartida en Centroamérica: economías que crecen, pero con dificultades para traducir ese avance en mejoras sostenidas del bienestar social.
Organismos internacionales han señalado que, sin políticas redistributivas efectivas, el crecimiento económico puede coexistir con altos niveles de desigualdad y exclusión social.
En el caso costarricense, el aumento del costo de vida, especialmente en alimentos, transporte y servicios, ha reducido el impacto positivo del crecimiento sobre los ingresos reales de los hogares.
Los datos del INEC plantean un desafío clave para el país: lograr que el crecimiento económico se traduzca en una reducción efectiva de la pobreza y las desigualdades regionales, en un contexto que aún ofrece margen para políticas sociales y económicas más inclusivas.
