Una jueza federal de Estados Unidos expresó dudas sobre la legalidad de mantener bajo custodia a Kilmar Ábrego García. Mientras tanto, el gobierno estadounidense insiste en deportarlo a un país africano.
La jueza Paula Xinis, del Tribunal de Distrito de Maryland, señaló que la administración Trump no ha presentado un plan claro de deportación. Esto podría justificar su liberación. Durante la audiencia, Xinis destacó que el gobierno ha modificado repetidamente sus argumentos. Este hecho ha prolongado la detención del salvadoreño sin fundamentos consistentes.
Gobierno insiste en deportación a terceros países
Ábrego García, quien residía en Maryland con su esposa e hijos, fue deportado por error a El Salvador. Esto sucedió a pesar de contar con una orden judicial que impedía su expulsión. Tras su regreso, rechazó un acuerdo de culpabilidad que implicaba ser deportado a Costa Rica. Según su defensa, estaba dispuesto a ir a ese país.
Actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca enviarlo a Esuatini, en el sur de África, aunque el país rechazó la solicitud esta semana. También se consideraron Uganda y Ghana, pero ambos gobiernos se negaron a recibirlo. El ministro de Relaciones Exteriores ghanés, Samuel Okudzeto Ablakwa, confirmó públicamente que su país “no aceptará a Ábrego García”.
Kilmar Abrego Garcia’s lawyer reacts to feds’ plans to try sending him to Ghana
“As someone who is actually from Ghana, I can tell you concretely that Kilmar is not from Ghana.”
From this morning’s press conference in front of federal court pic.twitter.com/KZYnXo0yzm
— Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) October 10, 2025
Defensa acusa uso punitivo del sistema migratorio
Durante la audiencia, los abogados de Ábrego argumentaron que la administración Trump intenta castigarlo por su deportación errónea. El abogado Andrew Rossman afirmó que el gobierno “nombra un país tras otro” sin intención real de resolver el caso.
La jueza Xinis cuestionó por qué las autoridades no consideran enviar al salvadoreño a Costa Rica, opción que él ya aceptó. “Esto simplemente no es tan difícil”, expresó la magistrada, aludiendo a la falta de claridad en las gestiones del Departamento de Justicia.
El funcionario del ICE John Schultz insistió en que el gobierno mantiene conversaciones con varios países. Además, podría “operacionalizar la expulsión en 72 horas” si obtiene la aprobación de un destino.
Caso penal en Tennessee agrava el proceso
En paralelo, Ábrego García enfrenta cargos de tráfico de personas en Tennessee, presentados el mismo día de su retorno a Estados Unidos desde El Salvador. Sin embargo, el juez Waverly Crenshaw advirtió que el proceso podría constituir una represalia ilegal. Esto es a raíz de su demanda contra el gobierno estadounidense.
Los abogados defensores planean solicitar la eliminación de acusaciones no relacionadas. Estas incluyen señalamientos sobre supuestos vínculos con la pandilla MS-13, pues carecen de sustento judicial.
Debate sobre política migratoria
El caso de Kilmar Ábrego García refleja el tenso debate político en torno a la política migratoria del expresidente Donald Trump. Esta se caracteriza por deportaciones masivas y detenciones prolongadas.
Mientras la jueza Xinis evalúa si mantenerlo detenido o conceder su libertad, el proceso continúa bajo alta atención pública y mediática, debido a las implicaciones legales y diplomáticas que enfrenta Estados Unidos en su intento por deportar a un ciudadano salvadoreño a África.
