La Cámara del Agro de Guatemala solicitó al Congreso de la República no aprobar la Iniciativa 6347 de Ley de Ciberseguridad en su redacción actual. La organización empresarial argumentó que la propuesta carece de coordinación efectiva con el sistema de justicia y no establece garantías suficientes para el manejo de información sensible.
El sector agropecuario enfatizó que Guatemala necesita una ley de ciberseguridad integral, con reglas claras, transparencia y pleno respeto al Estado de Derecho. Según el pronunciamiento, la normativa debe fortalecer la protección digital sin debilitar las garantías ciudadanas ni la institucionalidad democrática.
La Cámara destacó que, aunque reconoce la importancia de enfrentar los ciberdelitos, el texto actual no asegura procesos claros de fiscalización ni define con precisión los mecanismos de resguardo de datos sensibles.
Contexto de la Iniciativa 6347
La Iniciativa de Ley de Ciberseguridad, presentada en febrero de 2024 por diputados de la bancada CREO, fue dictaminada favorablemente con enmiendas en agosto de 2025. La norma propone crear un marco jurídico para prevenir, investigar y sancionar ciberdelitos, alineándose con estándares internacionales como el Convenio de Budapest.
📢 @CongresoGuate recomendamos NO aprobar la Iniciativa de Ley de Ciberseguridad conforme al texto actual. Guatemala necesita una ley con enfoque integral que fortalezca el Estado de Derecho y proteja garantías de los ciudadanos. pic.twitter.com/IIlFwjY7Os
— Cámara del Agro (@CamagroGuate) October 2, 2025
El proyecto tipifica 11 delitos informáticos, entre ellos acceso ilícito a sistemas, fraude digital, uso de software malicioso, interceptación de datos y pornografía infantil en entornos digitales. También contempla penas de prisión de hasta 30 años y multas de $13,052 a $39,156 para personas jurídicas.
Instituciones y mecanismos que plantea la ley
La iniciativa incluye la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-GT), una fiscalía especializada, tribunales con competencia en ciberdelitos y una Dirección de Ciberseguridad en la Policía Nacional Civil. Además, establece una unidad forense digital en el INACIF.
Estos organismos tendrían la función de detectar y mitigar ataques cibernéticos, coordinar acciones internacionales y emitir alertas para proteger sistemas críticos.
Críticas y observaciones
A pesar de los avances, expertos y organizaciones han advertido que la iniciativa mantiene riesgos de concentración de poder. El enfoque en seguridad nacional podría abrir la puerta a una posible militarización del control digital y limitar derechos como la libertad de expresión.
En 2022, una versión previa de la normativa fue archivada tras fuertes cuestionamientos por sus vacíos legales. Hoy, la discusión regresa en un contexto marcado por el aumento de delitos cibernéticos en Guatemala y la necesidad de regulación.
