La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes las muertes de Mauricio Alonso Petri, de 64 años, y Carlos Cárdenas Zepeda, de 68, dos opositores nicaragüenses que permanecían detenidos arbitrariamente desde julio, y exigió a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo garantizar la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad.
Petri, expresidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), y Cárdenas, asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el Diálogo Nacional de 2018, fueron arrestados el 18 de julio. Según sus familiares, no tuvieron información sobre su estado de salud ni su paradero hasta que les fueron entregados sus cuerpos, los días 25 y 29 de agosto, respectivamente. Tampoco se les comunicó la causa del fallecimiento y denunciaron haber sido presionados para realizar entierros inmediatos bajo amenazas y hostigamientos.
La CIDH advirtió que estos casos se producen en un contexto de intensificación de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales de personas identificadas como opositoras.
Entre julio y agosto, la Policía Nacional habría aumentado los operativos en varios departamentos, sin garantizar procesos judiciales con debido proceso ni acceso a defensa legal, además de ocultar expedientes judiciales.
Las condiciones de reclusión en Nicaragua, documentadas por la Comisión, alcanzan umbrales de tortura y afectan especialmente a personas mayores y otros grupos vulnerables. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 63 opositores siguen detenidos de forma arbitraria, y de 33 se desconoce su estado y paradero. Entre ellos, 14 cuentan con medidas cautelares de la CIDH y 12 con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión recordó al Estado su obligación de garantizar los derechos de las personas bajo custodia, investigar de oficio las muertes ocurridas en prisión y sancionar a los responsables. También reiteró su llamado a liberar a todas las personas encarceladas por motivos políticos y permitir que reciban visitas familiares y asistencia legal de confianza.
