El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) enfrenta un nuevo escándalo tras revelarse que diputados salvadoreños de Nuevas Ideas recibieron anticipos salariales de manera irregular, justo antes de que la Asamblea Legislativa aprobara la salida de El Salvador de ese organismo regional.
El 31 de julio, Carlos René Hernández, diputado de Nuevas Ideas y presidente del PARLACEN, solicitó al área de finanzas que le adelantara los salarios de agosto y septiembre, por un monto de 14,650 dólares. También gestionó un pago anticipado para las diputadas de su partido, Glenda Hernández Estrada y Yiseel Barahona, quienes recibieron 4,625 dólares cada una, según documentos publicados por el matutino salvadoreño El Diario de Hoy.
Cuatro días después, la directiva del PARLACEN le ordenó a Hernández devolver el dinero, argumentando que el trámite fue irregular. Según el reglamento interno, este tipo de anticipos deben pedirse por escrito y contar con la firma de al menos dos miembros de la junta directiva, requisito que no se cumplió.
Diputados directivos de Guatemala y Honduras confirmaron la operación irregular. El secretario por Honduras, Jorge Jiménez, afirmó que Hernández pidió los pagos vía WhatsApp en pleno momento en que El Salvador debatía la salida del organismo.
El guatemalteco Édgar Sis Bachán coincidió y señaló que se trató de un abuso de poder, al aprovechar su cargo para ordenar los desembolsos sin respaldo formal.
En una plenaria posterior, Hernández habría admitido que el procedimiento fue irregular, aunque se presentó como víctima de la directiva. No obstante, los reclamos se intensificaron dentro del PARLACEN, donde varios diputados calificaron la acción como un acto de corrupción.
La renuncia de los salvadoreños
La polémica se suma a la incertidumbre sobre la permanencia de los 20 diputados salvadoreños en el organismo.
Aunque la Asamblea Legislativa aprobó en julio una reforma constitucional para retirar al país del PARLACEN, la Cancillería notificó después que la salida se haría bajo la Convención de Viena, lo que implica al menos un año de proceso. De hecho, todos los diputados salvadoreños continúan en funciones hasta 2026.
Ante esta situación, la directiva del PARLACEN pidió a la Corte Centroamericana de Justicia una opinión jurídica sobre los pasos a seguir y solicitó al gobierno salvadoreño aclarar si también abandonará el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Mientras tanto, El Salvador mantiene una deuda cercana a un millón de dólares con el Parlamento, lo que añade presión a una salida que, por ahora, se mantiene a medias.
