Agosto de 2025 se ha convertido en el mes de mayor presión de Estados Unidos contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la adopción de cinco medidas que afectan directamente a la economía, el turismo, los derechos humanos y la inversión extranjera en Nicaragua.
El primer golpe llegó el 7 de agosto, cuando entró en vigor un arancel del 18 % a todas las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos, según una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.
Washington había ofrecido tres meses de negociación, pero el régimen sandinista no abrió ningún canal de diálogo. La tarifa es la más alta aplicada a un país centroamericano bajo la política de “reciprocidad” comercial impulsada por Trump.
Un exdiplomático nicaragüense exiliado en Costa Rica señaló a Centroamérica360 que estas decisiones buscan golpear la capacidad de generar inversiones y captar divisas mediante el turismo y las exportaciones.
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Más golpes al régimen
Además, dijo que pareciera que la Casa Blanca contempla la posibilidad de abrir la puerta a sanciones más agresivas por las confiscaciones a los ciudadanos estadounidenses en Nicaragua.
El 12 de agosto, el Departamento de Estado publicó su informe anual de derechos humanos 2024, que ubicó a Nicaragua como el país con mayores violaciones en América Latina y el mundo.
El documento denunció ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y severas restricciones a la libertad de expresión, religión y movimiento ordenados por la dictadura sandinista.
Una semana después, el 19 de agosto, Washington colocó a Nicaragua en la categoría “D” de alertas de viaje, el nivel más alto que se aplica a países con riesgo extremo de detenciones arbitrarias.
La lista incluye también a Afganistán, Corea del Norte, Irán, Rusia y Venezuela. El aviso advierte a los ciudadanos estadounidenses que el régimen puede expulsarlos o encarcelarlos por motivos políticos o arbitrarios.
El 20 de agosto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental denunció la práctica sistemática de desapariciones forzadas en Nicaragua desde 2018, calificándola como crimen de lesa humanidad.
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¿Nuevas sanciones en camino?
En su cuenta oficial de X exigió revelar el paradero de al menos veinte desaparecidos desde 2024, entre ellos ancianos, madres de familia y un pastor evangélico.
A este clima se suma la ley fronteriza aprobada el 6 de agosto por la Asamblea Nacional, que declaró como “territorio fronterizo” todos los espacios dentro de un radio de 15 kilómetros desde las fronteras internacionales, equivalentes a 18,000 kilómetros cuadrados.
La Embajada de Estados Unidos en Managua advirtió a sus ciudadanos que la norma puede conllevar confiscaciones de propiedades privadas y restricciones a la compraventa de terrenos.
El comunicado diplomático recordó que “en Nicaragua los derechos de propiedad son inestables y las leyes se aplican de forma arbitraria”, e instó a los afectados a reportar sus casos para incluirlos en informes oficiales al Congreso estadounidense.
Las medidas de agosto llegan en medio de contradicciones en la política de Washington hacia Managua. A finales de junio, el Departamento de Estado ya había calificado a Nicaragua como país “peligroso para viajar”.
Dos semanas después el Departamento de Seguridad Nacional canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) bajo el argumento de que el país es “líder en turismo y ecoturismo”.
