La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este miércoles 13 de agosto la confiscación del colegio católico San José de Jinotepe, Carazo, por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La oficina calificó el hecho como una nueva muestra de su “perversidad sin límites”.
“Una prueba más de que la perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”, publicó la entidad en su cuenta oficial en X. “Rosario Murillo acaba de confiscar otro colegio religioso, el Colegio San José de Jinotepe”.
El pronunciamiento añade una amenaza, al decir que “su obsesión con ‘todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado’, solo acelerará el colapso de su régimen”.
Y concluye con una afirmación esperanzadora: “El poder de la fe y el deseo del pueblo nicaragüense de liberarse de la tiranía prevalecerá más allá de esta dictadura”.
Lea además: Nicaragua en caída libre: Estados Unidos documenta un retroceso en derechos humanos y un Estado autoritario
Un golpe a la educación católica
El centro educativo, administrado durante más de 100 años por las hermanas Josefinas, lo asaltaron funcionarios de la Procuraduría General de la dictadura y policías, quienes expulsaron a las religiosas y citaron a los padres de familia a reuniones de emergencia.
La dictadora Rosario Murillo confirmó el robo y anunció que el colegio lo rebautizará como “Héroe Bismarck Martínez”, en honor a un paramilitar sandinista muerto durante las protestas de 2018.
Según Murillo, el colegio lo confiscaron al Estado por “ser emblemático de la barbarie”, y aseguró sin pruebas que en sus instalaciones se “torturó” y “asesinó” a Martínez.
Las acusaciones nunca fueron corroboradas por investigaciones independientes y forman parte del discurso de odio del régimen contra la Iglesia católica y la oposición.
Padres y docentes preocupados
La reubicación forzada de unos 600 estudiantes bajo el sistema estatal de “educación gratuita” ha generado inquietud entre los padres y docentes, quienes temen por la continuidad académica y la calidad de la enseñanza.
Sectores magisteriales denuncian que las escuelas confiscadas son centros de adoctrinamiento ideológico a favor del régimen.
La abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina calificó el hecho como “un día infame para la libertad religiosa en Nicaragua”.
Lea también: Dictadura Ortega Murillo confisca colegio católico y lo rebautiza con nombre de paramilitar sandinista
Confiscación sistemática
La confiscación del colegio San José forma parte de una estrategia más amplia del régimen Ortega-Murillo para desmantelar la institucionalidad religiosa, civil y educativa independiente.
Desde 2018, al menos 3,500 organizaciones fueron clausuradas, decenas de colegios religiosos cerrados, y varias órdenes católicas expulsadas del país.
Organismos internacionales y gobiernos democráticos, como Estados Unidos, han denunciado que estas acciones constituyen violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a la libertad de culto, en un país cada vez más sometido al control totalitario del Estado.
El mensaje de la Oficina del Departamento de Estado refuerza el aislamiento diplomático del régimen sandinista, y refleja el respaldo internacional a los sectores religiosos y sociales reprimidos por una dictadura que no tolera la disidencia ni la autonomía.
