El 60 % de los migrantes nicaragüenses tiene entre 13 y 29 años, una franja de edad clave para el desarrollo productivo del país, pero que hoy lidera el éxodo hacia otros destinos, según el estudio “Desafíos en la educación de las juventudes 2025” del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).
La investigación revela que estos jóvenes, además de tener un mayor nivel educativo que sus padres y el promedio en sus comunidades, se ven forzados a migrar no solo por razones económicas o de reunificación familiar, sino también por la creciente desesperanza y el cierre de oportunidades educativas.
Uno de los factores más influyentes en los últimos años ha sido el desmantelamiento del sistema universitario autónomo, sumado a la represión política de la dictadura Ortega-Murillo.
El estudio de CETCAM cita como caso emblemático el de la Universidad Centroamericana (UCA), confiscada por el régimen nicaragüense, que dejó sin futuro a cerca de 5,000 estudiantes. De ellos, 2,300 intentaron continuar sus estudios en otras universidades de la región centroamericana, pero solo 407, es decir, el 18 %, lograron ingreso. La mayoría tuvo que optar por modalidad virtual debido a las dificultades económicas de sus familias.
En un esfuerzo por apoyar a los estudiantes exiliados, la Compañía de Jesús anunció en noviembre de 2023 la creación de un fondo de becas para cubrir aranceles académicos en universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala. Sin embargo, los costos de vida —alojamiento y alimentación— siguen siendo una barrera para que muchos jóvenes puedan acceder a esta oportunidad.
La magnitud del éxodo
La magnitud del éxodo juvenil es cada vez más evidente. Más de 192,000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica, lo que equivale al 3 % de la población nicaragüense y al 4 % de la población costarricense.
A esta cifra se suman los 257,000 nicaragüenses que, hasta 2021, residían en Estados Unidos, según Migration Information Source. El número total de migrantes supera las 449,000 personas, aunque no existen datos precisos sobre cuántos de ellos son jóvenes que emigraron desde 2018.
El estudio advierte que, si bien la educación permite la salida del país, no garantiza una inserción laboral digna. Muchos jóvenes terminan ocupando empleos precarios, con bajos salarios, sin seguridad social y en condiciones vulnerables a violaciones de derechos humanos.
