El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, afirmó este lunes que la cooperación entre su país y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha alcanzado un nivel “nunca antes visto”, tras una serie de operativos conjuntos que incluyen incautaciones históricas de drogas y la activación por primera vez del mecanismo de extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico.
“Desde esa visita a Washington al día de hoy hemos trabajado PCD (Policía de Control de Drogas) y DEA en la mayor incautación de metanfetaminas de nuestra historia”, indicó Zamora en un mensaje divulgado en redes sociales desde la cuenta oficial de la Fuerza Pública.
También destacó récords de incautación de cocaína en la terminal portuaria APM de Moín, Limón, y en la región de Sierpe, en el Pacífico sur, además del reforzamiento de patrullajes en mar territorial junto al Servicio Nacional de Guardacostas.
Las declaraciones del ministro se producen días después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuviera a dos ciudadanos costarricenses solicitados en extradición por Estados Unidos: el exfiscal adjunto, exministro de Seguridad y exmagistrado de la Corte Suprema, Celso Gamboa Sánchez, y Edwin López Vega, señalado por las autoridades como un presunto narcotraficante.
Ambos fueron capturados en acciones coordinadas con agencias federales estadounidenses, incluida la DEA.
La solicitud de extradición representa un cambio significativo en la política judicial costarricense. Hasta el año pasado, la Constitución impedía la entrega de nacionales a otros países.
Sin embargo, en 2023 se aprobó una reforma legal que permite la extradición de costarricenses por delitos graves como terrorismo y narcotráfico internacional, tras presión de sectores judiciales y diplomáticos preocupados por el aumento de la criminalidad transnacional.
Costa Rica, tradicionalmente percibida como uno de los países más estables de Centroamérica, enfrenta desde hace una década un crecimiento sostenido de la violencia vinculada al narcotráfico.
El año 2023 cerró con 907 homicidios, la cifra más alta registrada en la historia del país, según datos oficiales. Y en 2024 la cifra bajó a 880, pero aumentaron los desaparecidos en más de 60.
La mayoría de estos crímenes estuvieron relacionados con ajustes de cuentas y disputas entre bandas por rutas y control territorial para el tráfico de drogas, según las autoridades.
La ubicación estratégica de Costa Rica, sin ejército desde 1948, la ha convertido en un punto clave para el paso de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
Sus puertos, costas y zonas rurales son utilizadas por redes transnacionales para almacenar, movilizar y exportar estupefacientes, en ocasiones con el respaldo de estructuras locales.
Además de los decomisos de metanfetaminas y cocaína, el ministro Zamora hizo referencia al ofrecimiento de una recompensa por parte de EE.UU. para capturar a un presunto cabecilla del narcotráfico conocido como alias “Diablo”, que opera desde territorio centroamericano.
“Todo lo cual demuestra la férrea voluntad de los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América por combatir el flagelo de la narcoactividad que tanto daño provoca a nuestra juventud”, aseguró el ministro, quien asumió el cargo por segunda vez en mayo de 2023, luego de haber dirigido el Ministerio de Seguridad en administraciones anteriores.
Zamora concluyó su mensaje con un tono optimista: “No hay duda que el esfuerzo empeñado avisora que: ‘Los mejores tiempos están por venir en materia de seguridad para nuestro país’”.
La intensificación de la cooperación con la DEA coincide con un contexto regional marcado por el auge del narcotráfico en Centroamérica, donde estructuras criminales vinculadas a cárteles mexicanos y sudamericanos han expandido su influencia.
En años recientes, Costa Rica ha recibido asistencia técnica, recursos logísticos y formación policial por parte de agencias estadounidenses para enfrentar estas amenazas sin militarización.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, organizaciones civiles han advertido sobre la necesidad de acompañar la respuesta represiva con políticas preventivas, especialmente en zonas vulnerables donde la pobreza y el desempleo alimentan el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.
