A dos años y medio de la instauración del estado de excepción que cubre el 75 % del territorio, los hogares hondureños siguen siendo víctimas de extorsión, mientras persisten altas tasas de homicidios y se registran quejas contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos, advirtió el viernes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en el estudio: “Dos años y medio bajo estado de excepción: ¿Y los resultados?”.
“Desde que se instauró el estado de excepción, en vez de bajar la extorsión sus cifras han subido gravemente”, aseguró Nelson Castañeda, Director de Seguridad y Justicia de ASJ
El estudio revela que la extorsión en Honduras afecta hoy al 11.6 % de los hogares, lo que representa un aumento frente al 9 % registrado en 2022. Esto equivale a 304,388 hogares víctimas en 2024, comparado con los 266,262 afectados dos años atrás.
Aunque las denuncias han disminuido oficialmente, la baja confianza en las autoridades explica esta caída, según la organización.
Actualmente, el estado de excepción se aplica en 223 de los 298 municipios del país, lo que implica que el 91 % de la población hondureña vive bajo restricciones constitucionales. Según ASJ, esta política de seguridad ha sido implementada sin cumplir con los procedimientos legales que exige la Constitución, y en muchos casos, sin la ratificación oportuna del Congreso Nacional.
ASJ asegura que el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) sigue siendo el foco principal de denuncias por extorsión, seguido por San Pedro Sula y Choloma. Por tasa poblacional, La Ceiba y Valle de Ángeles, destinos turísticos del país, también presentan altas tasas de denuncias. En cuanto a homicidios, aunque ha habido una leve reducción, Honduras mantiene la tasa más alta de Centroamérica, superando en más de 10 puntos a Guatemala.
En 2024, el Distrito Central concentró más muertes violentas que San Pedro Sula y Choloma juntos, seguido de Catacamas. Municipios pequeños como Ilama, Gualala y Tatumbla también registraron una alta incidencia criminal, pese a estar incluidos en el estado de excepción. Esto evidencia una estrategia de seguridad sin enfoque técnico ni priorización efectiva.
““El Distrito Central se ha consolidado como el epicentro del crimen en Honduras. Nos preguntamos por qué en la capital las investigaciones y estrategias implementadas no son tan efectivas como las aplicadas en Choloma o San Pedro Sula”, subrayó Castañeda.
La impunidad es otro factor preocupante, según el estudio, el 90 % de los delitos cometidos este año quedaron sin ser resueltos. ASJ señala que esta situación no se resolverá aumentando la presencia policial, sino fortaleciendo un sistema de justicia independiente y eficiente.
El gobierno de Xiomara Castro ha renovado 21 veces el estado de excepción desde diciembre de 2022 y los índices de criminalidad siguen siendo altos, además que han aumentado las denuncias por violaciones a derechos humanos. Según ASJ, de las 21 declaratorias de estado de excepción, solo una ha sido aprobada y publicada por el Congreso Nacional en tiempo y forma. La Organización sostiene que “El estado de excepción es un fracaso, es ilegal, mal planificado y no ha resuelto la crisis de criminalidad.
“Reafirmamos que el estado de excepción no ha sido una solución efectiva para esta problemática”, sostiene Castañeda.
ASJ expresó su preocupación de que de cara a las elecciones 2025 en Honduras, el estado de excepción afecte derechos fundamentales como la libertad de reunión y circulación.
ASJ llamó al gobierno a garantizar un entorno democrático y recomendó implementar una estrategia de seguridad con enfoque territorial, fortalecer la investigación criminal y reconstruir la confianza ciudadana.
