El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó este miércoles un informe titulado “Lecciones y Aprendizajes del Proceso Electoral Primario y los Riesgos para las Elecciones Generales de Noviembre en Honduras”, en el que advierte múltiples amenazas que podrían comprometer la transparencia y legitimidad de los comicios previstos para el 30 de noviembre.
El estudio, basado en estándares internacionales de derechos humanos y una observación rigurosa del proceso electoral, concluye que lejos de corregir los errores observados en las elecciones primarias de marzo, se han profundizado las debilidades estructurales, operativas e institucionales del sistema.
Entre los principales hallazgos se identifican diez riesgos críticos, agrupados en cinco categorías: institucionales, logísticos, de gobernanza, de seguridad y de transparencia. Destacan, por ejemplo, la aprobación tardía del presupuesto electoral, que impide ejecutar contrataciones clave como el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), y la deficiente capacitación de custodios informáticos y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), especialmente en zonas rurales con alto rezago digital.
El documento también señala la falta de reglamentos técnicos y protocolos especiales, lo que genera vacíos legales que favorecen decisiones arbitrarias y conflictos entre actores políticos. Asimismo, se denuncian fallas logísticas como las registradas el 9 de marzo, cuando la entrega tardía de materiales provocó retrasos de más de 12 horas en ciudades como el Distrito Central y San Pedro Sula.
El informe denuncia además la fragmentación interna del Consejo Nacional Electoral (CNE), las renuncias de personal técnico y la creciente pérdida de confianza institucional. A esto se suma la opacidad en las contrataciones públicas, incluyendo un caso de presunto fraude de más de $2.5 millones, actualmente bajo investigación del Ministerio Público.
Otros problemas estructurales señalados incluyen la débil fiscalización del financiamiento político, la polarización legislativa, la intervención del sistema judicial en el proceso electoral y un alarmante incremento de la violencia política, con al menos 15 hechos documentados entre asesinatos, atentados y amenazas a candidatos.
“El país está frente a una coyuntura crítica. Las condiciones actuales hacen temer que las elecciones generales se desarrollen en un contexto de desconfianza, improvisación institucional y posible desestabilización política”, advierte el informe.
Ante este panorama, el CESPAD recomienda aprobar de forma urgente el presupuesto electoral, emitir los reglamentos técnicos pendientes, establecer un pacto político mínimo entre partidos, garantizar la transparencia en contrataciones y reforzar la fiscalización del financiamiento. También urge adoptar medidas para prevenir y sancionar la violencia política.
De no tomarse acciones inmediatas y contundentes, el informe concluye que Honduras corre el riesgo de celebrar unas elecciones con graves déficits de credibilidad, lo cual podría desencadenar una nueva crisis de gobernabilidad con profundas repercusiones para la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.
