Un juzgado e Instrucción de San Salvador ratificó la decisión de abrir juicio contra el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard, y otras diez personas, por su presunta implicación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrido el 16 de noviembre de 1989 durante el conflicto armado salvadoreño.
En su resolución, el juzgado ordenó la apertura formal del juicio tras admitir en su totalidad la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR). En el caso del exmandatario, prófugo de la justicia, se le atribuye responsabilidad penal bajo la figura de “comisión por omisión”, según el artículo 22 del Código Penal de 1973, derogado pero aplicable al caso debido a la fecha del crimen.
Además de Cristiani, enfrentan proceso judicial los exmiembros de la Fuerza Armada: Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Inocente Orlando Montano y Joaquín Arnoldo Cerna Flores. También están acusados el exdiputado Rodolfo Parker Soto, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas, por delitos de fraude procesal y encubrimiento personal en perjuicio de la actividad judicial.
El tribunal también ratificó la orden de detención provisional contra Cristiani, Parker y Montano, y ordenó nuevamente su captura junto con la difusión roja internacional, aunque se exceptuó a Montano, quien ya cumple una condena en España por este mismo caso.
La resolución reafirma una decisión previa del 18 de noviembre de 2024, cuando se decretó la apertura a juicio. El proceso será trasladado al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, luego de que el juzgado admitiera toda la prueba presentada por la FGR.
El crimen ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena ofensiva guerrillera conocida como “Hasta el Tope”. Un comando élite del Ejército salvadoreño irrumpió en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinó a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, así como a Elba y Celina Ramos, colaboradoras del recinto.
Según la investigación, Cristiani fue informado por el Alto Mando del Ejército sobre el plan para “eliminar” al padre Ellacuría y “no dejar rastros”. La resolución judicial sostiene que el entonces presidente no emitió ninguna contraorden para detener el operativo.
Este proceso judicial ha estado marcado por múltiples obstáculos. En diciembre de 2000, Cristiani y otros acusados fueron sobreseídos definitivamente bajo el amparo de la Ley de Amnistía General. No obstante, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de dicha ley, la Fiscalía presentó un nuevo requerimiento en febrero de 2022, reabriendo el caso.
Actualmente, el coronel Guillermo Benavides cumple una condena de 30 años en El Salvador por este crimen, mientras que el exviceministro de Seguridad Pública, Inocente Montano, fue condenado en 2020 por la Audiencia Nacional de España a 133 años de prisión y cumple su pena en ese país.
