El régimen de excepción en El Salvador, la principal herramienta legal del gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas y la violencia, cumple este 27 de marzo 3 años en vigor.
La medida, que ha sido renovada consecutivamente 36 veces, sigue contando con un amplio respaldo de la mayoría de la población, mientras organismos de derechos humanos continúan denunciando presuntas violaciones a las garantías fundamentales.
La medida suspende varias garantías constitucionales, como la detención provisional ampliada de 72 horas a 15 días y la intervención de telecomunicaciones sin autorización judicial.
Desde su implementación en marzo de 2022, tras un repunte de violencia que dejó 62 homicidios en un solo día, el gobierno de Bukele ha defendido la medida como un éxito en la lucha contra las pandillas.
Las autoridades informan que gracias al régimen de excepción han logrado capturar a por lo menos 85,000 personas, incautar 4,565 armas de fuego, 1,451 vehículos y 21,630 teléfonos celulares utilizados para cometer delitos.
El gobierno también argumenta que la extensión de la medida es necesaria, pues ha detectado la participación de mujeres en posiciones de mando dentro de las pandillas y el reclutamiento de menores en centros escolares, así como nuevas estrategias de financiamiento a través del microtráfico y los robos en el transporte público.
Sin embargo, las críticas también han crecido. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han registrado cerca de 7
,000 denuncias de violaciones a derechos fundamentales desde la implementación de la medida, señalando principalmente detenciones arbitrarias.
El gobierno ha rechazado estos señalamientos y defiende la drástica reducción de homicidios como un indicativo del éxito del régimen de excepción.
Según cifras oficiales, en 2019, cuando Bukele asumió la presidencia, El Salvador registraba una tasa de homicidios de 38,2 por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2024 esta cifra se ha reducido a 1,9.
En redes sociales, el mandatario incluso proyectó que de mantenerse la tendencia, 2025 podría cerrar con un promedio de menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.
A pesar del apoyo mayoritario al régimen de excepción, la tensión entre la seguridad y los derechos humanos sigue siendo un tema de debate.
Mientras muchos salvadoreños celebran la disminución de la violencia, otros sectores alertan sobre las posibles consecuencias de la prolongación indefinida de la medida y sus impactos en el estado de derecho.
