El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ratificado un conjunto de reformas legislativas que afectan tanto al sistema penitenciario como a la justicia juvenil. Estas reformas, aprobadas el pasado 12 de febrero por la Asamblea Legislativa, fueron publicadas en el Diario Oficial el 14 del mismo mes, y se implementarán en los próximos días.
Uno de los cambios más significativos es la modificación de la Ley Penal Juvenil, que permitirá que los menores de 18 años acusados o condenados por delitos relacionados con el crimen organizado sean trasladados a prisiones de adultos. No obstante, estos menores serán reubicados en pabellones especiales, separados de la población adulta para garantizar su seguridad.
Por su parte, la reforma a la Ley Penitenciaria introduce un cambio crucial en la supervisión de los internos. A partir de ahora, los jueces de vigilancia dejarán de ser responsables de los reclusos condenados por delitos de crimen organizado, siendo esta función asumida por tribunales especializados en el área. Este ajuste tiene como objetivo mejorar la gestión de los casos relacionados con organizaciones criminales.
La reforma ha sido criticada por organismos de Naciones Unidas y han advertido que transgrede convenios internacionales sobre derechos de los niños.
“Las reformas contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros instrumentos internacionales”, señalaron cuatro organismos de la ONU en una declaración conjunta.
La reforma es “un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos”, advirtieron.
El Salvador🇸🇻| La Asamblea debería rechazar la reforma a la Ley Penal Juvenil que permitiría que niños sean detenidos en cárceles de adultos.
Hoy capturan sin orden judicial y procesan sin evidencia. Las cárceles están hacinadas, son insalubres y no garantizan su seguridad. pic.twitter.com/dsf5vPBt45
— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) February 4, 2025
El paquete legislativo también incluía una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, cuyo objetivo era alinear las funciones de supervisión con las reformas penitenciarias. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada debido a advertencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que alertó sobre el riesgo de sobrecargar los tribunales especializados, los cuales ya están lidiando con los casos de los detenidos bajo el régimen de excepción. La CSJ sugirió la creación de un juez de apoyo para aliviar la carga de trabajo, una propuesta que fue rechazada por el Ministerio de Seguridad.
Aunque la reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado no fue aprobada, la modificación relativa a la vigilancia de los condenados por estos delitos sí fue incluida en la reforma a la Ley Penitenciaria. Esta disposición comenzará a aplicarse ocho días después de su publicación oficial.
Además, las reformas a la Ley Penal Juvenil tendrán un período de “vacatio legis”, que culminará el 22 de febrero. Desde esa fecha, el Gobierno podrá comenzar a trasladar a los menores procesados o condenados por delitos de crimen organizado a las prisiones de adultos, donde se les alojará en áreas diferenciadas para evitar el contacto con la población adulta.
