Representantes legales denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la existencia de una política sistemática de destierro y desnacionalización de opositores por parte de la dictadura de Nicaragua, lo que ha causado daños irreparables a las víctimas.
Durante la audiencia, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron al tribunal interamericano mantener las medidas provisionales dictadas desde 2021 en favor de 115 personas opositoras que fueron detenidas y, en su mayoría, posteriormente desterradas y despojadas de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega.
“La política estatal sistemática y generalizada de destierro, desnacionalización y privación de derechos que afectó a las personas beneficiarias de las medidas provisionales profundizó gravemente el riesgo en que se encuentran ellas y sus familias en la actualidad”, declaró María Luisa Gómez, de la organización Raza e Igualdad.
Según los datos presentados en la audiencia, de las 115 personas beneficiarias de medidas cautelares, al menos nueve continúan detenidas, mientras que el resto fueron deportadas masivamente a Estados Unidos en 2023 y a Guatemala en 2024.
El régimen las declaró “traidoras a la patria” y les revocó sus derechos ciudadanos de manera perpetua.
Las organizaciones denunciaron también que los opositores encarcelados son sometidos a tratos crueles e inhumanos, sin acceso adecuado a agua ni atención médica.
🔵 La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó hoy la Audiencia de Medidas Provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua.
Durante la sesión, se presentaron observaciones de la representación de las personas beneficiarias y de la… pic.twitter.com/wNpTyDcewE
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) February 5, 2025
Además, alertaron sobre la desaparición forzada del periodista Catalino Leo Cárcamo, beneficiario de medidas provisionales, cuyo paradero se desconoce desde noviembre de 2024.
Durante la audiencia, la integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, Ariela Peralta, reveló que al menos 453 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, aunque la cifra podría ser mayor.
“La privación arbitraria de la nacionalidad de 453 personas opositoras o percibidas como tales constituye un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”, sostuvo.
La experta advirtió que esta política busca castigar a los opositores y sus familias, incluso en el exilio, y sembrar el temor a represalias entre la población.
Asimismo, recordó que la reciente reforma constitucional en Nicaragua permite la privación de la nacionalidad a quienes sean declarados “traidores a la patria”.
El Estado de Nicaragua, que no envió representantes a la audiencia, fue declarado en desacato por la CorteIDH desde 2022 por su negativa a cumplir las medidas provisionales ordenadas en este caso.
Las ONG participantes pidieron al tribunal interamericano que mantenga y amplíe las medidas provisionales, exigiendo la restitución de la nacionalidad y los bienes confiscados, la liberación de los presos políticos y la garantía de condiciones seguras para el retorno de los desterrados.
También instaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a presionar para que Nicaragua cumpla con sus obligaciones internacionales y cese la represión contra la disidencia.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, agravada por la reelección de Ortega en 2021 en un proceso electoral sin oposición real, tras el encarcelamiento y posterior destierro de sus principales contendientes, a quienes también privó de su nacionalidad y derechos políticos.
