El número de nicaragüenses que solicitaron refugio en Costa Rica disminuyó por segundo año consecutivo, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería costarricense. En 2024, un total de 28.306 personas solicitaron asilo en el país, de las cuales 23.444 son de origen nicaragüense, cifra inferior a las 28.469 registradas en 2023 y significativamente menor a las 80.028 reportadas en 2022.
Ante esta tendencia y con el objetivo de atender a miles de migrantes en situación irregular, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el gobierno de Costa Rica lanzaron la campaña “¡Ponga sus papeles al día!”.
La iniciativa busca facilitar la regularización migratoria a través de información confiable y asesoría gratuita, disponible en los Centros Municipales para Migrantes (CMM) y mediante el correo electrónico CMMnacional@iom.int.
La OIM destacó que en su sitio web se encuentran los requisitos necesarios para regularizarse según las categorías migratorias, que incluyen residencia temporal por matrimonio con costarricenses, residencia permanente por vínculos familiares y permisos especiales para trabajadores transfronterizos, temporales, estudiantes, investigadores y voluntarios.
El organismo y las autoridades costarricenses enfatizaron que la regularización puede abrir oportunidades económicas y sociales para los migrantes. “Con su documento migratorio vigente podría tener muchas oportunidades para usted y su familia”, subraya la campaña en un llamado directo a la población migrante.
La disminución en las solicitudes de refugio de nicaragüenses refleja un cambio en las dinámicas migratorias hacia Costa Rica, que sigue siendo el principal destino para quienes huyen de la crisis en Nicaragua. No obstante, analistas atribuyen esta caída a las dificultades en el sistema de asilo, los retrasos en los trámites y las restricciones laborales.
Costa Rica, que enfrenta una presión constante sobre sus recursos debido al flujo migratorio, busca integrar a los migrantes de forma legal y ordenada, mientras organismos internacionales como la OIM colaboran en el fortalecimiento de las capacidades del país para gestionar estos movimientos y garantizar derechos fundamentales.
