Cuatro países centroamericanos se sumaron a una declaratoria conjunta de 14 delegaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) que rechaza la investidura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que demandan al “régimen dictatorial que restablezca el orden democrático”.
Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se adhirieron a la declaración, al manifestarse preocupados por el “continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela y las persistentes violaciones de los derechos humanos”.
Ni Belice ni Honduras suscribieron la declaración, precisamente el gobierno de Xiomara Castro envió una delegación a la investidura de Maduro, encabezada por el esposo de la mandataria, Manuel Zelaya. La dictadura de Nicaragua, aliada de Nicolás Maduro, está excluida de la OEA.
El escrito, publicado el miércoles, afirma que la juramentación de Maduro el 10 de enero “carece de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral”. La declaración insta además a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos.
Este grupo de Estados miembros de la OEA expresó también solidaridad con quienes han tenido que abandonar Venezuela y reconoció los esfuerzos de los países de acogida para recibir a los migrantes venezolanos.
La declaración cita los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, que afirman el compromiso de los Estados miembros de defender la democracia, los derechos humanos, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto al derecho internacional.
Los 14 países recuerdan que, a pesar de las múltiples exhortaciones de la comunidad internacional, el régimen dictatorial venezolano no publicó las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales, a nivel de cada mesa electoral ni permitió una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.
La declaración insta a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela y exige “al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, así como a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, nacionales y extranjeras, incluidos los presos políticos, garantizando el pleno respeto de sus derechos fundamentales”.
Los países también exigen el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, el derecho a reunirse pacíficamente, el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos sin represalias, la protección contra arrestos o encarcelamientos arbitrarios y el derecho a un juicio justo, así como proteger a los beneficiarios de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sean una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela.
