En medio de las tensas relaciones entre el Gobierno de Guatemala y el Ministerio Público (MP), el secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo, reiteró las disposiciones anunciadas por el presidente Bernardo Arévalo el pasado fin de semana en cuanto a que no acatara órdenes fiscales que considere irregulares.
El Gobierno reafirmó su postura firme respecto a no acatar “órdenes ilegales” e insistió en que que se convocará a la fiscal general, Consuelo Porras, para abordar temas relacionados con su gestión.
Palomo, en una entrevista radial, explicó que la reciente resolución judicial que revocó las medidas sustitutivas del periodista José Rubén Zamora fue el punto de partida para que el Ejecutivo comenzara a evaluar las acciones a seguir.
Desde el viernes, tras esta resolución, el Gobierno empezó a analizar posibles respuestas ante lo que consideran un abuso por parte del Ministerio Público, en un contexto que involucra además los allanamientos a propiedades vinculadas al exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado.
Según el portavoz presidencial, estos allanamientos son parte de una estrategia de amedrentamiento e intimidación por parte del MP hacia figuras que representan una oposición incómoda para la institución, encabezada por Consuelo Porras.
“Nosotros nos mantenemos firmes en las declaraciones que el presidente dio. En primer lugar, no se van a acatar órdenes ilegales”, aseguró Palomo, recordando que la Constitución guatemalteca prohíbe que los funcionarios públicos obedezcan órdenes manifiestamente ilegales, un principio que también se encuentra reflejado en otras leyes del país, incluida la normativa de la Policía Nacional Civil (PNC).
Palomo también subrayó que, aunque el Gobierno respeta el marco legal, no aceptará prácticas que, según ellos, no sigan los procedimientos legales establecidos para las investigaciones penales.
En este sentido, criticó el abuso de poder por parte del Ministerio Público, que, según su visión, ha utilizado órdenes judiciales como herramienta de intimidación.
El portavoz presidencial también abordó el reciente comunicado del MP, que especificaba las funciones de la PNC y advertía sobre posibles sanciones a agentes que no cumplieran con las órdenes emanadas de la fiscalía.
Palomo respondió que el Ejecutivo está analizando la situación legal de estas medidas y no descarta tomar acciones ante lo que considera una amenaza por parte del MP: “Si ellos quieren utilizar esos elementos con medidas de coacción y amenazas, no es nada nuevo”, expresó.
