Costa Rica enfrenta una situación de alarma política tras amenazas de bomba y de muerte dirigidas contra el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, en el contexto de un escándalo de corrupción que involucra a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Este martes, la Fiscalía General de la República confirmó la evacuación de su edificio en barrio Francisco Peralta, San José, luego de recibir una amenaza de atentado terrorista. Según el informe oficial, la situación fue atendida bajo estrictas medidas de seguridad y todo el personal se encuentra fuera de peligro.
El incidente se produce un día después de que el Ministerio Público ejecutara 28 allanamientos y detenciones como parte de la investigación por presunta corrupción en la CCSS, un caso que ha generado gran conmoción en el país.
Paralelamente, la Asamblea Legislativa también activó sus protocolos de seguridad tras recibir una amenaza de muerte contra su presidente, Rodrigo Arias Sánchez.
La directora ejecutiva del Congreso, Karla Granados Brenes, informó que alrededor de las 11:30 a.m. de este martes, las autoridades del Parlamento fueron alertadas sobre un video que circulaba en redes sociales con amenazas “fuertes y vehementes” contra Arias y el fiscal general Díaz.
Ante esta situación, la Fiscalía y la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de Seguridad coordinaron una respuesta conjunta para garantizar la protección de las autoridades, en medio de discursos de odio, insultos y descalificaciones desde sectores afines al gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
El fiscal general, Carlo Díaz, quien se encuentra en Europa en una misión con la DEA, condenó las amenazas y aseguró que “ninguna intimidación impedirá que el Ministerio Público siga adelante con su labor”.
Por su parte, el Ministerio Público también repudió estos actos, calificándolos de “sin precedentes” y ligados a las recientes acciones judiciales contra la corrupción.
Producto de la investigación, han sido arrestados varios directivos de la Casa Social, bajo sospechas de corrupción en contratos millonarios otorgados a empresas prestadoras de servicios médicos.
Costa Rica, conocida por su estabilidad democrática, ha visto su imagen de paz y orden institucional alterada en los últimos años.
La creciente indignación popular se ha enfocado en casos de corrupción, agravados desde la pandemia, y la desconfianza hacia las instituciones públicas.
El reciente escándalo vinculado a la CCSS, un pilar del sistema de seguridad social costarricense, ha generado un profundo malestar en la sociedad.
Rodrigo Arias, quien permanece incapacitado por razones de salud, ha sido una figura clave en el escenario político costarricense.
Las amenazas en su contra reflejan el creciente nivel de crispación política en un país que tradicionalmente se ha distinguido por su moderación en la esfera pública.
El fiscal Díaz instó a respetar el debido proceso y a evitar la incitación a la violencia en momentos críticos como el actual. Este episodio pone de relieve la tensión creciente en Costa Rica, donde la justicia y el combate a la corrupción enfrentan desafíos sin precedentes.
