La Coalición Nicaragua Lucha, compuesta por más de 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría en el exilio, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el incremento de las desapariciones forzadas en Nicaragua.
Según la coalición, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza estas desapariciones como herramienta de represión política, constituyendo un “terrorismo de Estado”.
Durante la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la coalición resaltó que estas desapariciones forzadas, muchas de ellas de corta duración, son una estrategia sistemática para silenciar a la oposición y a los críticos del régimen.
[ Coalición #NicaraguaLucha ]
Terrorismo de Estado en #Nicaragua: Desaparición Forzada y de «Corta Duración» en el escenario principal de las Naciones Unidas
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— Somos Coalición #NicaraguaLucha (@_NicaraguaLucha) September 24, 2024
El informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua confirmó este patrón represivo, documentando múltiples violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
Entre los casos más alarmantes destaca la desaparición del diputado indígena Brooklyn Rivera, que fue incluida en el informe sobre represalias de 2024.
La coalición también denunció el hostigamiento hacia defensores de derechos humanos, como Gonzalo Carrión, Haydee Castillo y Vilma Núñez, quienes han sido perseguidos incluso más allá de las fronteras nicaragüenses.
La situación de los presos políticos sigue siendo crítica, con al menos 36 personas aún en cárceles nicaragüenses, muchas de las cuales no están registradas oficialmente.
Además, unas 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad, lo que ha dejado a alrededor de 160 individuos en situación de apatridia.
La Coalición Nicaragua Lucha hizo un llamado a la comunidad internacional para que incremente las medidas de protección a las personas desplazadas y presione por la liberación de los presos políticos y el cese de las desapariciones forzadas, subrayando que el régimen de Ortega y Murillo sigue perfeccionando esta práctica represiva.
Este escenario forma parte de una estrategia más amplia de control absoluto sobre la sociedad nicaragüense, agravada por la ausencia de mecanismos judiciales eficaces para investigar y sancionar estos crímenes de lesa humanidad.
