La Fiscalía Anticorrupción de Costa Rica confirmó este lunes 23 de septiembre la detención de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, quien se presentó voluntariamente a las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pérez Zeledón.
La detención está vinculada a aparentes irregularidades en la contratación de cooperativas para la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS).
Como parte de la investigación, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Sección de Anticorrupción del OIJ ejecutaron 28 allanamientos en diversas oficinas de la CCSS, casas de habitación y cooperativas de salud, ubicadas en San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas.
#UH El director del Organismo de Investigación Judicial,Randall Zúñiga informa que los allanamientos de esta mañana a funcionarios, directivos y exdirectivos de la CCSS se dan por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricato e influencia contra la Hacienda Pública pic.twitter.com/RYcKWl4TRr
— Semanario Universidad (@SemanarioU) September 23, 2024
Los allanamientos resultaron en la captura de seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la institución, identificados con los apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós, quienes enfrentan cargos por influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, informó que la investigación se centra en la supuesta manipulación de un proceso de licitación que fue anulado por la Junta Directiva de la CCSS. Posteriormente, se habría impulsado un nuevo procedimiento con modificaciones en el pliego de condiciones que favorecían los intereses de varias cooperativas.
Las autoridades estiman que las nuevas propuestas de contratación incrementaban el costo del servicio en más de ₡12 mil millones anuales (unos $23 millones).
Además, se investiga la adjudicación de contratos por un plazo de 10 años, cuando la Ley de Contratación Pública establece un límite de cuatro años para este tipo de acuerdos.
La CCSS ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades y proporcionar toda la información requerida.
La investigación, que comenzó a principios de 2023, apunta a un esquema de corrupción que podría haber beneficiado a las cooperativas de salud involucradas en la administración de los EBAIS.
Las autoridades continúan con el decomiso de evidencia para avanzar en el proceso judicial.
Este caso ha generado un gran revuelo en el país, dado el impacto que tiene la CCSS en la prestación de servicios de salud públicos en Costa Rica.
