Cuatro miembros de la policía costarricense comparecieron ante un tribunal de San José, acusados de provocar la muerte de un perro tras arrollarlo con sus vehículos oficiales.
De ser hallados culpables, podrían enfrentar condenas de hasta tres años de cárcel.
A las puertas del juzgado, un grupo de activistas por los derechos de los animales se congregó en una manifestación, esperando la llegada de los imputados.
El incidente tuvo lugar el 9 de agosto en Purral de Goicochea, al este de la capital costarricense, cuando los policías, a bordo de dos patrullas, intentaban salir de una calle bloqueada y pasaron sobre un perro que yacía en el asfalto.
Varios testigos que se encontraban en la calle presenciaron el suceso. Los agentes no se detuvieron ni mostraron preocupación por el estado del animal, y las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad.
La Asociación para el Bienestar y Protección Animal interpuso una querella contra los agentes, acusándolos penalmente por actos de crueldad animal y muerte de un ser vivo.
“Nadie está por encima de la ley”, declaró a la agencia noticiosa AFP el director de la asociación, Juan Carlos Peralta, quien confía en que los agentes sean condenados a prisión “para enviar un mensaje claro a los maltratadores de animales sobre las consecuencias legales de sus actos”.
Los policías fueron arrestados de manera preventiva al día siguiente del incidente, y suspendidos administrativamente de la Fuerza Pública, mientras esperan la resolución judicial.
En una entrevista difundida por el medio digital CRHoy.com, dos de los implicados aseguraron que “en ningún momento se percataron de la presencia del perro”.
Además, negaron haber intentado sobornar a los testigos del suceso para evitar ser denunciados, en respuesta a rumores que surgieron tras el incidente.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a petición del Ministerio Público, llevó a cabo una reconstrucción del evento el pasado viernes en el lugar de los hechos. Durante la audiencia, tanto la fiscalía como la defensa deberán presentar las pruebas y argumentos que sustenten sus posiciones.
En Costa Rica, el maltrato animal está sancionado por la Ley 9458, conocida como Ley de Bienestar Animal, que fue reformada en 2017.
Esta ley establece penas para quienes cometan actos de crueldad o maltrato contra los animales.
La Ley de Bienestar Animal contempla diferentes sanciones, que pueden incluir multas y penas de prisión de hasta dos años para quienes maltraten, abandonen o maten a un animal de manera intencional.
Además, establece disposiciones para la protección de los animales en casos de maltrato, abandono, explotación, y otros actos que atenten contra su bienestar.
En casos graves, como la muerte intencionada de un animal o la organización de peleas de animales, las penas pueden llegar hasta los tres años de cárcel.
La ley también faculta a las autoridades para actuar en casos de crueldad animal, lo que incluye el poder para decomisar animales y llevar a cabo investigaciones y sanciones administrativas.
